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Las casi 500 personas que viven en la denominada Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, y que iban a ser desalojadas hoy por orden judicial, aguardaban esta mañana una respuesta del magistrado a cargo de la causa luego de un principio de acuerdo al que se arribó entre las partes en el lugar, que abriría un compás de espera de cinco días con una mesa de negociación en la que se buscarían soluciones alternativas para dar respuesta a la situación habitacional.
Según consignó la abogada de las familias, Iliana Llanos, el entendimiento -que espera ahora el aval del juez- fue alcanzado en el marco de una negociación en la que intervinieron oficiales judiciales, representantes del Gobierno porteño y de las familias, y el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Cerca de las 10:30, las familias y otras personas que se congregaron en el lugar para resistir el desalojo aguardaban una respuesta del juez nacional de Primera Instancia en lo Civil número 60, a cargo de Fernando Cesari,
La denominada Casa Santa Cruz se encuentra ubicada en la calle Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios, y allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes.
Se trata de un edificio de seis pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década del '90, y en el que fueron instándose familias desde 2004. Hoy la edificación cuenta con servicios de agua, luz y cloacas.
Esta mañana, a instancias de la orden de desalojo dispuesta por la justicia, la Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo que incluyó el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos.
"Estamos tratando de confirmar una mesa de diálogo, sabemos que hubo otras, pero vamos a intentar que está funcione, donde estarían el gobierno de la Ciudad que es la primera responsable de resolver el problema habitacional, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que el juez vea que hay garantías para poder levantar el desalojo o suspenderlo o que pueda hacerse de forma escalonada. Las familias quieren vivir dignamente", aseveró esta mañana la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.
"Los niños viven acá, van a las escuelas de la cercanía, les falta poco para terminar la escuela. ¿Dónde van a ir esos nenes? Yo, como defensora de los derechos de NNyA, no voy a permitir que los niños y las niñas vayan ni a un parador ni a un hotel. No son condiciones dignas. Vamos a tratar de impedir que se haga el desalojo en estas condiciones", expresó la funcionaria nacional.
Asimismo, el diputado nacional Itaí Hagman (Unión por la Patria) manifestó que este conflicto es de "larga data", y que "ya hubo otros intentos de desalojos del edificio". "Lamentablemente siempre pasa lo mismo. Esta es la única respuesta que hay del Estado, en este caso a través del Poder Judicial pero también del gobierno de la Ciudad es el desalojo, cuando lo que se está reclamando es una solución habitacional a las más de 100 familias", afirmó.
Por último, Hagman sostuvo: "Uno esperaría que un gobierno, en lugar de mirar cual es el negocio que puede hacer un privado, piense en cómo se resuelve la situación habitacional. La idea es evitar que hoy se de el desalojo y abrir una mesa de negociación para intentar de buscar una solución".
En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos, Berenice Iañez, aseguró: "En los trece años del juicio de desalojo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ofreció ni acercó ninguna solución definitiva para garantizar la vivienda digna de las familias que hoy viven en la Santa Cruz. Frente a la ausencia de una propuesta y la resolución del juez que planteó el desalojo estamos acompañando a las familias"
"Las familias hicieron todo lo que se les fue pidiendo: se constituyeron como cooperativa, se inscribieron para la 341, para la autogestión para la construcción de vivienda. Siempre presentaron vocación de querer contribuir en la solución del problema", opinó.
Su par María Bielli también expresó: "Esperamos que haya voluntad de resolución. Creo que esta es una política sistemática del gobierno porteño de abandonar a su suerte a todos aquellos y aquellas que lo que reclaman es una solución habitacional definitiva en una ciudad que se encargó de expulsarlos. Esto es una muestra más de cómo se prioriza la especulación y el negocio inmobiliario por sobre el derecho básico elemental al acceso a la vivienda".
Ayer por la tarde, se realizó un festival y vigilia en apoyo a las familias que viven el lugar, algunas de ellas desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140.
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil número 60.
Según una resolución dictada por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma "escalonada" y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales "ante la complejidad del caso", de considerarlo necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició el juicio por desalojo que hoy se encuentra en instancia de ejecución.
Con información de Télam
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