Tres exjueces del Tribunal Supremo se han unido a más de 600 miembros del sector jurídico británico para pedir al Gobierno que detenga la venta de armas a Israel, alegando que podría convertir a Reino Unido en cómplice del genocidio en Gaza.
Haciéndose eco del creciente número de políticos de la oposición que han pedido el cese de la venta de armas británica, los tres magistrados se unieron a otros abogados, exjueces y académicos del Derecho para instar al primer ministro Rishi Sunak a cambiar de política.
Sunak se ha enfrentado a una creciente presión política después de que siete cooperantes, entre ellos tres británicos, murieran esta semana en un ataque aéreo israelí en el enclave asediado.
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"El suministro de ayuda y material militar a Israel puede convertir al Reino Unido en cómplice de genocidio, así como de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario", afirman los jueces y abogados en una carta de 17 páginas.
"El derecho internacional consuetudinario incluye el concepto de 'ayuda y asistencia' a un acto ilícito internacional".
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado de "indignantes" las acusaciones de genocidio y ha afirmado que Israel tiene un "compromiso inquebrantable con el derecho internacional".
Uno de los exjueces, Jonathan Sumption, declaró a BBC Radio que le preocupaba que el Gobierno británico hubiera perdido de vista la necesidad de prevenir el genocidio.
Reino Unido vende artefactos explosivos, rifles de asalto y aviones militares a Israel, pero es un proveedor relativamente pequeño, ya que las exportaciones israelíes representaron alrededor del 0,4% del total de las ventas mundiales de defensa de Reino Unido en 2022, último año completo del que se disponía de datos.
Los abogados citaron el hecho de que el Tribunal Internacional de Justicia había ordenado en enero a Israel que se abstuviera de cualquier acto que pudiera caer bajo la Convención sobre el genocidio, además de los crecientes temores sobre la hambruna.
Sunak se ha resistido a las peticiones de detener inmediatamente la venta de armas, afirmando que el país tiene un "régimen de licencias muy cuidadoso" que seguirá respetando.
Pero la muerte de los cooperantes a manos de Israel ha aumentado la presión internacional sobre el país, que lleva casi seis meses asediando e invadiendo el enclave palestino tras el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre.
Más de 32.000 palestinos han muerto en el conflicto, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, enclave gobernado por Hamás. El ejército israelí ha expresado su "sincero pesar" por los ataques aéreos y ha prometido una investigación independiente.
Con información de Reuters
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