En la provincia de Formosa, miles de familias obreras están siendo perjudicadas con la paralización tanto de la obra pública como de la construcción de viviendas, que decidió el presidente Javier Milei. El administrador general del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, indicó que no hay respuesta sobre la continuidad de los convenios y tampoco se tiene precisiones acerca de planes a futuro. "Siempre decimos que la paralización de la obra pública implica la pérdida de derechos, consagrados en la Constitución Nacional, como el acceso al trabajo y a la vivienda”, remarcó el funcionario.
Con respecto a cuántas familias se ven afectadas con estas medidas nacionales de ajuste, Ugelli indicó que, en el caso de la construcción, hay una pérdida de empleos directos e indirectos: "Cerca de ocho mil albañiles hoy están en su casa, solo en lo que se refiere a viviendas; y después está el resto de la obra pública infraestructural, o de equipamiento comunitario, que tampoco se hacen". La construcción de una unidad habitacional involucra a alrededor de 30 rubros distintos, como la provisión de ladrillos, el premoldeado, etc. Por esta razón, el funcionario remarcó que la paralización de la obra pública está afectando a una larga cadena de proveedores y rubros.
El administrador general del IPV también mencionó el caso de Acindar, la empresa siderúrgica que tiene paralizadas sus cuatro plantas por la caída en las ventas, y que acordó con el gremio suspensiones de 600 trabajadores de contratistas. “En los dichos del presidente de la Nación, la obra pública con fondos nacionales no va a prosperar más en este país”, lamentó el funcionario.
Con respecto al vínculo del IPV con el Gobierno nacional, Ugelli aclaró: "No tenemos respuesta respecto de la continuidad de los convenios, ni del pago de la deuda o de un plan para construir viviendas y obras públicas en general. Tampoco hay planificación hacia un futuro inmediato". Asimismo, indicó que otra de las dificultades que se suman es que las autoridades fueron cambiando en los últimos meses: "Se fue el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quedó el secretario y luego el área pasó a Economía”, enumeró Ugelli, y agregó: "El nuevo secretario no debe tener más de 20 días en el cargo, hace una semana nombraron un subsecretario y estamos ahí, tratando de conseguir audiencia".
Por último, el administrador general del IPV comentó el rumbo de las próximas acciones a realizar: "Mientras tanto, ya hicimos los reclamos administrativos, y lo que sigue es la cuestión de intimaciones para que paguen las deudas que, a esta altura de la inflación, ya están prácticamente licuadas", concluyó Ugelli.
Se paralizaron más de 4 mil viviendas
Previamente, el administrador general ya había anticipado que alrededor de 4 mil viviendas son las afectadas por esta paralización a nivel nacional que está impulsando el Gobierno Nacional. Lamentó que es una situación en la que tampoco no parece haber solución, ya que desde que asumió el presidente Javier Milei el 10 de diciembre de 2023 se vienen materializando políticas de ajuste y desfinanciamiento en diversas áreas significativas.
“Y siete programas de mejoramiento de barrios con financiamiento nacional e internacional de diversas fuentes que también están paralizadas”, añadió, por lo que considera que el panorama “es muy triste porque implica, en viviendas, la pérdida de empleos de 8 mil puestos de trabajo directo y esa misma cifra en puestos indirectos”, advirtió.
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Desde su óptica, lamentó este presente de la Argentina con la paralización de las obras públicas debido a que están sin trabajo prácticamente desde fin de año “profesionales, ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra, técnicos”, entre otros.
Y alertó que “hay contratos abiertos y no sabemos qué va a pasar, porque no hay autoridades que gestionen ni den respuestas, es una sensación extraña ya que nunca nos había pasado, ni siquiera en la Presidencia de otro modelo parecido al de Milei que fue el Gobierno de Mauricio Macri”.
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