Desde la medianoche de hoy, los combustibles en Argentina registraron un nuevo aumento en sus precios. En La Rioja, según datos proporcionados por el Automóvil Club Argentino (ACA), el litro de nafta súper ahora cuesta $1.010, mientras que la Infinia alcanza los $1.216 por litro. Este incremento se enmarca dentro de un ajuste que no superará el 5% y que se aplicará de manera uniforme en todas las marcas, según sugerencias extraoficiales.
El incremento mínimo del 1% se debe a la actualización del impuesto a los combustibles, pospuesta desde mayo y dispuesta para este mes. Este aumento impositivo, decretado por el Gobierno Nacional, incluye dos componentes: el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC). El ajuste del ICL será de aproximadamente un 1,2%, mientras que el ajuste del IDC se realizará en julio. Además del impacto de estos impuestos, las petroleras aplican un ajuste adicional que podría alinearse con la inflación proyectada para el mes.
Con este nuevo ajuste, los combustibles aumentaron un 62% en lo que va del año. Desde noviembre del año pasado, los incrementos acumulados alcanzan un alarmante 262%. A pesar de estos aumentos significativos, el sector petrolero advierte que los precios aún están retrasados en comparación con los costos y la inflación general. Sin embargo, admiten la necesidad de moderar los ajustes debido a la fuerte caída en el consumo provocada por el actual escenario recesivo.
Desde diciembre, las ventas de combustibles experimentaron una caída del 17%, según cálculos de las estaciones de servicio. El consumo de nafta premium fue particularmente afectado, con una disminución del 22,6% en las ventas. Este descenso en la demanda refleja el impacto de los altos precios en los hábitos de consumo de los argentinos, quienes buscan alternativas más económicas o reducen el uso de sus vehículos.
El ajuste de precios de hoy generó diversas reacciones entre los consumidores y los sectores productivos. Muchos conductores en La Rioja expresaron su preocupación por el impacto en sus presupuestos familiares, mientras que los empresarios del transporte y otros sectores que dependen del combustible advierten sobre posibles aumentos en los costos operativos y, consecuentemente, en los precios de los bienes y servicios.
El Gobierno Nacional, por su parte, defiende estos ajustes como necesarios para mantener el equilibrio fiscal y financiar políticas públicas, pero reconoce la necesidad de monitorear de cerca los efectos económicos y sociales de estos aumentos.
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