El deficiente historial de Turquía en materia de derechos humanos y los factores económicos están socavando la eficacia del acuerdo migratorio de la Unión Europea con Ankara, afirmaron el miércoles auditores de la UE.
En virtud del acuerdo de 2016, Ankara aceptó acoger a los migrantes que habían cruzado desde su territorio a Europa a cambio de la ayuda de la UE para ayudar a financiar a más de cuatro millones de refugiados en suelo turco.
La UE, que se enfrenta en junio a unas elecciones al Parlamento Europeo en las que la migración ilegal promete ser un tema importante, ha sellado acuerdos similares al de Turquía con Túnez, Egipto y Mauritania, entre otros.
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En su informe, los auditores de la UE plantearon preocupaciones sobre la capacidad de las ONG para operar proyectos, como se prevé en el acuerdo de 6.000 millones de euros (6.400 millones de dólares), dado el giro autoritario de Turquía desde un golpe de Estado fallido en 2016 y su represión de la disidencia.
"La situación operativa de las ONG se ha deteriorado continuamente desde 2015 y se ha exacerbado en el contexto del fallido... golpe de Estado en Turquía, donde las ONG fueron posteriormente objeto de diversas legislaciones", señaló.
El informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) también citaba la dificultad de gestionar la ayuda de la UE en el contexto de la recesión económica de Turquía y el "retroceso de Ankara en el Estado de derecho y los derechos fundamentales".
El informe afirmaba que la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, no había facilitado un análisis adecuado de los costes y que no estaba claro qué ocurriría una vez finalizada la ayuda.
"El mecanismo es beneficioso para los refugiados y las comunidades de acogida, pero aún nos gustaría ver mejoras en términos de demostración de impacto, garantía de sostenibilidad y relación calidad-precio", explicó Bettina Jakobsen, que dirigió el informe del TCE.
Grupos de derechos humanos y algunos políticos llevan tiempo acusando a la UE de descuidar los derechos humanos en su empeño por frenar la inmigración ilegal.
"Esto hace que la UE se centre menos en cuestiones que deberían ser relevantes, como el descuido de los derechos humanos", dijo Florian Trauner, profesor de la Escuela de Gobernanza de Bruselas.
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha abierto una investigación sobre las garantías de los derechos humanos en el nuevo acuerdo migratorio del bloque con Túnez.
(1 dólar = 0,9386 euros)
Con información de Reuters
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