El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó este miércoles en Capital Federal de la Marcha Federal Universitaria, que se realizó a lo largo y ancho del país con cientos de miles de asistentes, y que reclama por la Ley de Financiamiento para las casas de altos estudios que el presidente de la Nación, Javier Milei, ya anunció que vetará.
Quintela destacó que "en la provincia de La Rioja hay tres universidades públicas: la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El gobernador defendió la educación pública y, por eso, aseguró: "Estamos en contra del desfinanciamiento de las universidades". "Nuestros legisladores nacionales, tanto en la cámara baja como en la alta, votaron la ley de incremento del presupuesto para la universidad pública", consideró el funcionario y concluyó: "La verdad que vetarla sería un despropósito y un error gravísimo del actual presidente".
Estudiantes y docentes se movilizaron en rechazo al veto presidencial
Estudiantes, docentes de universidades públicas, personal no docente y todo el que está en contra de los recortes al presupuesto universitario todo el país, se movilizaron por segunda vez en el año en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, en respuesta al anuncio del presidente Javier Milei, quien anticipó su intención de vetar el proyecto de ley aprobado por el Congreso. La movilización surge como una respuesta a lo que la comunidad universitaria percibe como una amenaza al presupuesto destinado a la educación pública superior.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso el pasado 12 de septiembre con un amplio respaldo: 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención en el Senado. Esta normativa establece una recomposición salarial para el personal docente y no docente a partir de diciembre de 2023, y según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación tendría un impacto del 0,14% del PBI, lo que equivale aproximadamente a $738.595 millones.
Sin embargo, el presidente Milei expresó su rechazo a la ley y anunció públicamente su decisión de ejercer un veto total, argumentando razones económicas y cuestionando la gestión de las universidades públicas. El mandatario tiene plazo hasta el jueves 3 de octubre para formalizar el veto, lo que generó una enorme ola de críticas y reacciones en diversos sectores, sobre todo en la comunidad educativa.
La marcha fue impulsada por consideran que el veto presidencial no solo afecta la educación universitaria, sino que también compromete el futuro del acceso a la educación superior gratuita en Argentina. Las voces opositoras al Gobierno nacional sostienen que el financiamiento adecuado es esencial para mantener la calidad educativa, los salarios justos y la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.
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