Los guardias fronterizos tunecinos han acorralado a migrantes y los han trasladado a sus homólogos en Libia, donde se han enfrentado a trabajos forzados, extorsión, tortura y asesinatos, según un informe confidencial de derechos humanos de la ONU al que tuvo acceso Reuters.
Las dos naciones son socias fundamentales en los esfuerzos de la Unión Europea por frenar el flujo de personas que migran a través del Mediterráneo desde el norte de África hacia el sur de Europa.
Según el informe, fechado el 23 de enero, cientos de personas migrantes en Túnez se vieron atrapadas en una oleada de detenciones y expulsiones a Libia en la segunda mitad del año pasado. Se basa en entrevistas con 18 exdetenidos, así como en pruebas fotográficas y de vídeo de torturas en una de las instalaciones.
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Tarek Lamloun, experto libio en derechos humanos, afirmó que estos traslados ya se habían producido a principios de mayo. Unas 2.000 personas migrantes detenidas por Túnez habían sido entregadas a los libios este año, afirmó, basándose en las entrevistas con más de 30 personas migrantes.
El informe de la ONU, del que no se ha informado previamente, fue compartido con diplomáticos de la región.
"Las expulsiones colectivas de Túnez a Libia y la consiguiente detención arbitraria de migrantes están alimentando los chanchullos de extorsión y los ciclos de abusos, que ya son problemas generalizados de derechos humanos en Libia", dice el informe de la ONU.
Las autoridades libias exigían miles de dólares a cambio de liberar a algunas personas migrantes, según el informe.
"La situación favorece los intereses de quienes se aprovechan de los vulnerables, incluidos los traficantes de personas", añadió.
Ni las autoridades libias ni las tunecinas respondieron a las peticiones de comentarios sobre el informe de la ONU.
Un portavoz de la misión de la ONU en Libia dijo que no podían hacer comentarios. El 16 de abril, Abdoulaye Bathily, entonces máximo responsable de la ONU en el país, dijo estar "profundamente preocupado por la terrible situación de los migrantes y refugiados en Libia, que sufren violaciones de derechos humanos a lo largo del proceso migratorio".
La Unión Europea dijo el año pasado que destinaría 800 millones de euros hasta 2024 en todo el norte de África para frenar el flujo de personas migrantes a través del Mediterráneo. La inmigración fue una de las principales preocupaciones de los votantes en las elecciones europeas de la semana pasada, en las que ganaron los partidos de extrema derecha.
En los cuatro primeros meses de este año, las llegadas de personas migrantes a Europa a través del Mediterráneo central se redujeron en más de un 60% con respecto al mismo período de 2023. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo el 4 de junio que el descenso se debía "sobre todo" a la ayuda de Túnez y Libia.
Sin embargo, los grupos de defensa de los derechos afirman que la política de la UE de ceder el control de la inmigración a terceros países a cambio de ayuda conduce a abusos y no aborda los problemas subyacentes.
En mayo, el presidente de Túnez, Kais Saied, dijo que cada día llegaban cientos de personas y que su país estaba coordinando con sus vecinos el retorno de las personas migrantes. Su Gobierno ha afirmado en el pasado que respeta los derechos humanos. Las autoridades libias afirman que colaboran con sus vecinos para resolver los problemas migratorios.
Reuters no pudo verificar de forma independiente los relatos de abusos recogidos en el informe de la ONU.
Una misión de investigación de la ONU concluyó el año pasado que se habían cometido crímenes contra la humanidad contra personas migrantes en Libia en algunos centros de detención gestionados por unidades que recibieron apoyo de la UE.
Un portavoz de la Comisión Europea no respondió a las preguntas enviadas por Reuters.
QUEMADOS VIVOS, TIROTEADOS
En el último informe de la ONU se afirmaba que existía una pauta según la cual los responsables de fronteras tunecinos se coordinaban con sus homólogos libios para trasladar a las personas migrantes a los centros de detención de al-Assa o Nalout, justo al otro lado de la frontera con Libia.
Las personas migrantes son retenidas durante períodos que varían entre unos días y varias semanas antes de ser trasladados al centro de detención de Bir al-Ghanam, más cercano a Trípoli, según el informe.
Las instalaciones están gestionadas por el Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal (DCIM) de Libia y la Guardia Costera libia.
Según el informe de la ONU, el DCIM ha negado continuamente a los representantes de la ONU el acceso a las instalaciones.
Las personas migrantes entrevistadas para elaborar el informe de la ONU procedían de Palestina, Siria, Sudán y Sudán del Sur. Obtener información de las personas migrantes africanas fue más difícil, ya que estaban siendo deportadas y la comunicación con ellas era más complicada.
Tres de las personas migrantes entrevistadas tenían cicatrices y signos de tortura, según dicho informe.
El informe de la ONU de enero describía las condiciones en al-Assa y Bir al-Ghanam como "aborrecibles".
"Cientos de detenidos han sido hacinados en hangares y celdas, a menudo con un solo inodoro funcional, y sin saneamiento ni ventilación", decía.
En Bir al-Ghana, los responsables presuntamente extorsionaban a las personas migrantes exigiéndoles entre 2.500 y 4.000 dólares a cambio de su liberación, dependiendo de su nacionalidad.
En el centro de al-Assa, los guardias fronterizos quemaron vivo a un sudanés y dispararon a otro detenido por motivos desconocidos, según relataron testigos a la ONU en la reunión informativa de enero.
Exdetenidos identificaron a traficantes de personas entre los agentes de la guardia de fronteras que trabajaban allí, añadió.
"El enfoque actual de la gestión de la migración y las fronteras no funciona", afirmaba el informe de enero, pidiendo que Libia despenalice a los migrantes que entran ilegalmente en el país y que todo el apoyo internacional a la gestión de las fronteras respete los derechos humanos.
Con información de Reuters
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