En medio de la discusión por la Ley Bases, la senadora del Partido Justicialista por la provincia de Formosa, María Teresa González, se refirió a las consecuencias que tuvieron las medidas del Gobierno nacional en materia económico sobre la región del NEA, con el foco puesto en las obras públicas paralizadas a nivel nacional.
Durante su turno como oradora del bloque peronista, la legisladora sostuvo que, según la Cámara Argentina de la Construcción, "se paralizaron entre 3500 y 4000 obras públicas. Ya se perdieron más de 100 mil empleos en la construcción. Hay más de 200 mil puestos de trabajo en riesgo en la construcción. El índice de la producción industrial manufacturera muestra una caída del menos 16%".
"En mi provincia estamos hablando de 53 obras públicas paralizadas, que son fundamentales y de carácter estructural para todo el desarrollo regional e interregional. Estamos hablando de más de 8 mil puestos de trabajo que en este momento no lo tenemos. Estamos hablando del efecto dominó que tiene la obra pública en todas las provincias de la República Argentina", agregó González.
Por último, la legisladora concluyó: "La Ley de Bases no beneficia a la población, todo lo contrario. Acá vemos el grave desequilibrio en cuanto a la gestión que está realizando este Gobierno, y a la falta de conocimiento territorial de la problemática de cada región. Creo que sin lugar a dudas deberíamos tratar ley por ley, y tema por tema, porque es fundamental la profundización y el real conocimiento de cada una de nuestras realidades. Que no tienen nada que ver con esta Ley de Bases. Y no protegen los derechos de nuestras provincias ni los recursos naturales".
Represión en las afueras del Congreso
Durante la movilización, la policía y la Gendarmería comenzaron a reprimir después de las 15 con dos camiones hidrantes y balas de goma. Más temprano habían tirado gas pimienta a manifestantes, periodistas y varios diputados nacionales, entre ellos Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Leopoldo Moreau.
Tal como pudieron documentar las cámaras de El Destape, la Policía comenzó a reprimir a los manifestantes, en un trabajo conjunto entre las fuerzas nacionales y porteñas en una supuesto intento de desalojar las calles sobre el Congreso. Los diputados de Unión por la Patria agredidos responsabilizan directamente el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cecilia Moreau, actual legisladora y ex titular de la Cámara Baja, contó que llevaron a varios compañeros al hospital Santa Lucía. Fuentes de UP aclaró que hay "cinco diputados de UP" que fueron llevados al hospital porteño.
Poco después, desde adentro de la sesión en el Senado, la senadora Anabel Fernández Sagasti denunció la represión en las calles y aseguró que "hay tres diputados internados".