La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) explicó el impacto de las decisiones que adoptaron los diputados, con la derogación de la Ley de Moratoria Previsional, en la aprobación de la Ley Bases que se debate en el Congreso. Advirtieron que, esta eliminación dejará en desamparo a un amplio sector de la población de personas mayores, las cuales requieren prestaciones que debe brindarle el Estado Nacional. Así lo comunicaron el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente II de ADPRA, junto a María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de CABA y Presidenta de ADPRA. También acompañaron la iniciativa Enrique Pochat, Defensor del Municipio de Morón y Vicepresidente I; Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut, y Vicepresidente III; junto a Bernardo Voloj, Defensor del Pueblo de la Provincia de Chaco y Secretario de ADPRA.
"No solo llevaría la edad jubilatoria a 65 años para todas las personas, lo cual perjudica ostensiblemente a las mujeres, que hoy se jubilan a los 60 años; sino que el beneficio propuesto es sustancialmente insuficiente para garantizar la supervivencia, ya que sería tan solo el 80% de una jubilación mínima”, advirtieron desde ADPRA, en referencia a la implementación de una “Prestación de Retiro Proporcional” en reemplazo de la “Moratoria Previsional”. Es importante destacar que el empleo informal y la precarización laboral son los principales motivos por los que amplios sectores de la población llegan a la edad jubilatoria sin los años de aportes necesarios, y que la Moratoria Previsional ha sido una respuesta justa para quienes han trabajado en esa situación.
Por otro lado, desde ADPRA destacaron que, con la derogación de la Ley de Moratoria Previsional, las mujeres serán quienes más se verán afectadas, lo cual constituye una medida regresiva ya que ignora el hecho de que, históricamente, son ellas quienes llevan adelante las tareas de cuidado, duplicando así el uso del tiempo respecto de los hombres. En definitiva, la carga que llevan las mujeres sobre las tareas de cuidado no remuneradas implica que dediquen mucho menos tiempo al desarrollo laboral y profesional, lo cual representa una de las razones para que no ingresen al mercado laboral formal, con su consiguiente exclusión del sistema previsional.
Otro de los puntos centrales de la defensa de ADPRA a favor de la Ley de Moratoria Previsional, es que la Constitución Nacional, que este año cumple 30 años desde su reforma, en su artículo 75 inciso 23 dispone que el Congreso Nacional debe "sancionar leyes que establezcan acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato”, como así también leyes que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; en particular, respecto de las niñas/os y adolescentes, las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidad.
La defensa de ADPRA destacó también que el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra contemplado en el artículo 26° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a los que nuestro país ha adherido.
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