Luego de que la Cámara de Diputados hiciera lugar al pedido de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA) y prorrogara la existencia del Monotributo Social por 90 días, hasta definir su continuidad, los representantes de dicha organización se presentaron en el Senado para advertir sobre su eliminación y pedir que se lo incluya en el paquete fiscal. Según informaron, si se elimina este régimen se verán afectadas unas 322.980 personas en la región del NEA, siendo Misiones la provincia más afectada, que tiene a 107.870 monotributistas sociales; seguida por Corrientes con 89.960, Chaco con 83.930 y Formosa con 41.220.
De eliminarse la categoría, los contribuyentes tendrían que abonar $26 mil al mes, más $13.800 por cada adherente de obra social, e ingresos brutos. También perderían la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y otros beneficios. "La mayoría de estas personas tienen chicos con capacidades diferentes, que han tenido que peregrinar a las obras sociales para que le den cobertura y hoy ya no es un problema para ellos”, manifestó Villafañe, y agregó: "Eliminar la figura del monotributo social no es tan solo empujar a esta gente a la clandestinidad, sino también a sus pequeños hijos, que se quedarán sin un sistema de salud y sin una cobertura de educación acorde".
Luego, Villafañe se refirió al impacto de la eliminación del monotributo social en el gasto público y dijo que, al contrario de lo que espera el Gobierno nacional, la decisión demandará un mayor gasto social. "De aprobarse la eliminación del Monotributo Social, el Estado va a tener un mayor gasto. O sea, el ahorro que piensa hoy en el Excel que va a tener, eliminando el monotributo social, es mucho menor al gasto que va a tener con esa persona, que va a ir a la clandestinidad", aseguró la titular.
Villafañe recalcó que existen 617.792 monotributistas sociales y 1.204.097 personas adherentes que, si se elimina la herramienta tributaria, generarían el colapso del sistema de salud público: de acuerdo a los datos oficiales, estas personas generan un gasto anual de $7.876.848. "Sumado al gasto en discapacidad y el gasto en el resto de las enfermedades, que ahora lo va a tener que asumir el Estado en el hospital público, la balanza va a dar que, en realidad, con esta medida el propio gobierno se está pegando un tiro en los pies", concluyó Villafañe.
Según los datos de MARA, dentro de los monostributistas sociales hay un aproximado de 52.512 personas que tienen alguna discapacidad, son pacientes oncológicos o diabéticos.
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