El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja resolvió rechazar la acción de amparo presentado por la Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, en contra de las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento, por lo que se dispuso revocar la medida cautelar que había suspendido el inicio del juicio.
El TSJ ordenó comunicar al Jurado de Enjuiciamiento esta decisión, por lo que a partir de ahora este instituto deberá deliberar como continuar con el proceso que se había puesto en marcha, antes que el TSJ le diera tratamiento a la acción de amparo, medida cautelar y recusación; presentada por Mazzuchelli.
El amparo presentado exponía cuatro argumentos para solicitar la suspensión del Jurado de Enjuiciamiento: 1. Nulidad del proceso de juicio porque consideraba que ya se había cumplido el objeto del mismo; 2. La acusación ya no tenía efecto jurídico; 3. Violación a las garantías de imparcialidad (basándose en dos artículos de la Constitución Nacional que señalan que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo y aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales); y 4. Violación al derecho de recurrir la decisión.
La historia del juicio
Luego de que el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, haya solicitado la investigación y separación de su cargo a la jueza Norma Abate de Mazzuchelli, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja no aceptó la renuncia de la jueza y en su lugar la suspendió de manera preventiva mientras se lleva a cabo un sumario en su contra. Este sumario es el primer paso en el camino hacia un posible jury de enjuiciamiento.
La denuncia contra Abate fue presentada por la propietaria de una librería reconocida en La Rioja, quien afirmó que la jueza le exigió una suma de dinero de $ 8.000.000 para acelerar un trámite de sucesión que se encontraba estancado. La denunciante respaldó sus acusaciones con material audiovisual que muestra a la jueza en acción.
El fiscal a cargo del caso, Luis González Aguirre, imputó a Abate por el delito de exacción ilegal, tipificado en el artículo 266 del Código Penal. Este delito conlleva penas que oscilan entre 1 y 4 años de prisión, así como una inhabilitación especial que puede extenderse de 1 a 5 años. Este artículo castiga a los funcionarios públicos que abusen de su cargo para solicitar, exigir o recibir contribuciones indebidas o dádivas.
Según pudo saber este medio, la máxima autoridad de la provincia habría dialogado ya con las autoridades del Poder Legislativo y Judicial para darle celeridad a los mecanismos pertinentes para separar del cargo a la jueza denunciada por pedidos de coima para el tratamiento de diferentes causas.
Cerrar sesión