La jueza Norma Abate de Mazzuchelli de La Rioja fue finalmente destituida de su cargo por mal desempeño en la causa en la que se la investigaba por pedir coimas. A través de un jury de enjuiciamiento, la Justicia dictaminó la destitución de la magistrada y le impuso la prohibición de volver a tener un cargo público.
En el jury se la encontró culpable de “mal desempeño de sus funciones como magistrada de la función judicial de la provincia de La Rioja”. Hasta ahora, Abate era presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la provincia y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.
Durante el avance de la causa, los abogados de Mazzuchelli habían solicitado que se acepte la renuncia de la jueza para evitar perder, por ejemplo, la jubilación de privilegio, pero la Justicia no lo autorizó. Este fue el principal argumento del abogado defensor de la magistrada, Gabriel Pavón: “Ella ya renunció, dejó de pertenecer al Poder Judicial. No se puede remover a quien ya se removió por ella misma. Queda la responsabilidad penal, por eso planteamos que el Jury es nulo”, afirmó días atrás a la prensa local.
Sin embargo, en la jornada del lunes comenzó el jury de enjuiciamiento y este martes los jurados dieron a conocer el fallo de destitución y la negativa de un nuevo cargo luego de varias semanas de estudio sobre el caso.
La historia del juicio
Luego de que el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, haya solicitado la investigación y separación de su cargo a la jueza Norma Abate de Mazzuchelli, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja no aceptó la renuncia de la jueza y en su lugar la suspendió de manera preventiva mientras se lleva a cabo un sumario en su contra. Este sumario es el primer paso en el camino hacia un posible jury de enjuiciamiento.
La denuncia contra Abate fue presentada por la propietaria de una librería reconocida en La Rioja, quien afirmó que la jueza le exigió una suma de dinero de $ 8.000.000 para acelerar un trámite de sucesión que se encontraba estancado. La denunciante respaldó sus acusaciones con material audiovisual que muestra a la jueza en acción.
El fiscal a cargo del caso, Luis González Aguirre, imputó a Abate por el delito de exacción ilegal, tipificado en el artículo 266 del Código Penal. Este delito conlleva penas que oscilan entre 1 y 4 años de prisión, así como una inhabilitación especial que puede extenderse de 1 a 5 años. Este artículo castiga a los funcionarios públicos que abusen de su cargo para solicitar, exigir o recibir contribuciones indebidas o dádivas.
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