Durante la tarde del martes, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo una reunión con convencionales constituyentes del bloque Unión por la Patria para evaluar la posibilidad de sumarse a las acciones en contra del DNU y la Ley Ómnibus, además de diagramar las acciones institucionales que desarrollará la Convención y la labor parlamentaria que ya realiza cada una de las comisiones.
En este sentido, otro de los temas tratados en la agenda comprendió también las temáticas nacionales, la situación del país a través de las medidas que tomó el presidente Javier Milei, vinculado con el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus y las consecuencias que trae para la provincia, sobre todo en el carácter económico.
De esta forma, surgió un primer acuerdo por parte del conjunto de los convencionales para hacer una manifestación pública en el plenario de la Convención Constituyente, como así también la posibilidad de iniciar acciones que estén vinculadas con las presentaciones de amparo en contra del DNU, en este caso, promovidas por los convencionales.
El pedido de Quintela a la justicia
La semana pasada, Ricardo Quintela presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por Javier Milei, que entró en vigencia el 29 de diciembre. En este sentido, la Corte Suprema aceptó evaluar la presentación para declarar inconstitucional el DNU de desregulación económica, pero rechazó abrir la feria judicial y por el momento se limitó a dar vista al procurador interino.
La provincia de La Rioja hizo su presentación a través de una "acción declarativa de certeza" presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.
Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei.
Como primera medida, la Corte dio vista al procurador interino, Eduardo Casal, para que determine si el conflicto es competencia o no del máximo tribunal, al tiempo que denegó abrir la feria aclarando que se "estudiarán las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero".
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