El titular de la Defensoría del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, opinó sobre el decreto que deroga la declaración de las telecomunicaciones como servicio público y señaló que con permitir aumentos unilaterales, al eliminar la capacidad de fijación de precios del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), no se logrará que la inversión privada llegue a provincias como las de Formosa, y que se va a privilegiar los grandes centros urbanos del país.
A finales de marzo, el Gobierno Nacional a cargo de Javier Milei tomó la decisión de cerrar las delegaciones del Enacom en las provincias, además de derogar un decreto del expresidente Alberto Fernández que declaraba a esta como servicio público y ordenaba la fijación de precios. Con la decisión, Milei abrió el paso a que las empresas realicen los aumentos tarifarios que les parezca. En este sentido, Gialluca consideró que existe el riesgo de que las inversiones privadas de las empresas nacionales o extranjeras privilegien los grandes centros urbanos del país y dejen de lado a sectores como Formosa “al ser un territorio de baja densidad”.
En relación al decreto de Alberto Fernández, las empresas señalaban que al ser declarado servicio público y ordenar la fijación de precios no iba a haber inversión y que esta solo se lograba con “la libre competencia”. Sin embargo, en el caso de Formosa, la conectividad fue llegando gracias a inversiones del sector público (de Nación y la Provincia). Esto derivó en que ese distrito, entre 2021 y 2022, tuviera el mayor aumento de conexiones de internet fijas.
El Gobierno de Formosa llevó a cabo significativos avances en cuanto a infraestructura para asegurar la conectividad, ante el incremento de la demanda de acceso a Internet, extendiendo las redes de fibra óptica financiadas con recursos propios y mediante el Fondo de Servicio Universal por parte del Enacom, con obras de infraestructura de 360 kilómetros nuevos de fibra óptica para 13 localidades de la provincia, que se suman a los más de 2.200 kilómetros ya tendidos, llegando a más de 67 mil personas.
Ante la liberalización de los aumentos permitidos por Milei, Gialluca recordó que mientras estaba vigente el decreto de Alberto Fernández "las empresas aplicaban aumentos a través de medidas cautelares que eran concedidas por la Justicia (ya que el Gobierno Nacional de Fernández no les permitía aumentar)", mientras que con la derogación se da vía libre a las empresas.
“Antes de la desregulación, las empresas al margen del decreto aplicaban aumentos unilaterales, lo hacían todas las telcos (empresas de telecomunicaciones) tanto las nacionales como las extranjeras que prestan servicios acá en el país, sobre todo en Formosa. Esto lo hacían a través de medidas cautelares que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitaba y se mantienen hasta el día de hoy. En la actualidad, con esta desregulación total ya no necesitan de la Corte”, concluyó.
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