El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora absolvió hoy al médico obstetra y ginecólogo -identificado por las siglas de su nombre como PG- acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos, tras lo cual la madre de las víctimas prometió que recurrirá a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que se haga justicia porque "los chicos no mienten".
Los jueces Marcelo Hugo Dellature, Mauricio Salvador Blanco y Luis Miguel Gabián dieron lectura a las 12 de forma expeditiva y sin el acusado presente, a la sentencia en la sede judicial ubicada en Camino Presidente Domingo Perón y Larroque, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
"¿Qué más quieren ver? Yo sabía que a los violadores los cuida la policía. Hay plata, claramente hay plata. Voy a ir a donde sea, iré a la Corte Internacional. La justicia existe pero no en Lomas de Zamora", afirmó la mujer al salir de la sala donde se dio la sentencia.
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En la puerta del Tribunal, habló con un altavoz a las alrededor de cuarenta personas que fueron a acompañar el proceso, y junto a su hijo encendieron bengalas con humo rojo mientras recorrieron el lugar y al apagarse se fundieron en un abrazo.
"Pretendían dar una sentencia por vía telemática, el imputado no estaba presente, ahora entendemos porqué. Le pido al Estado que por favor actúe", expresó la mujer, en diálogo con Télam, mientras consideró que "el Estado es responsable" y pidió que sancionen "a los jueces por incumplir con su deber".
Los dos patrocinios de las víctimas presentarán un recurso frente a Casación para revocar la sentencia.
"Llegaremos hasta todas las instancias que haya que llegar porque acá hay respuestas corporativas por parte de un sistema que se autoprotege y hay naturalización de conductas que son delito", afirmó a Télam Florencia Piermarini, una de las abogadas, junto a Verónica Heredia, de la madre de los chicos.
Por su parte, Heredia expresó que no le sorprendió la sentencia porque "el sistema judicial es machista, sexista, misógino, no solamente no tiene perspectiva de género sino tampoco de niñez" y consideró que en la absolución "se ha negado la palabra de dos niños que hablaron concretamente, dijeron, explicaron y no se les cree".
Con esta absolución "estamos dando un precedente de que el día de mañana se cometan actos impúdicos graves y se piense que es natural", advirtió a su vez Edith Aida Puente, la abogada de un joven de 21 años y una de las presuntas víctimas.
"Me da vergüenza como auxiliar de la justicia porque pruebas había de sobra", añadió.
"Con la prueba de cargo existente y que fuera puesta en conocimiento de este Tribunal, no se puede tener por probado que (...) haya existido en su exteriorización material conforme lo describieran las particulares damnificadas", sostuvo el juez Gabián en los fundamentos de la absolución del acusado por el delito de abuso sexual al menor de sus hijos.
Además, en el documento de 115 páginas menciona que la forma de hablar de los menores "está atravesada por el lenguaje adulto".
En cuanto al argumento en el que se basó la defensa del acusado, Piermarini explicó que "tuvo que ver claramente con la inoculación del relato de una de las víctimas, con la falta de creer en la palabra de quienes se atreven a romper el umbral de la impunidad y el silencio que enmarca a estos delitos".
Las letradas sostuvieron que la defensa y la fiscalía hicieron uso -aunque no con ese nombre- de la figura del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un supuesto trastorno por el cual las infancias tendrían una "memoria implantada", el cual fue desacreditado por la Organización Mundial de la Salud y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU advirtió sobre su uso.
El jueves 17 de agosto, el fiscal Jorge Bettini Sansoni retiró la acusación contra el acusado, mientras las víctimas, constituidas en particulares damnificadas, la mantuvieron.
En la entrada del edificio del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, distintas organizaciones como Yo sí te creo y la Campaña contra el Abuso sexual infantil desplegaron carteles que pedían justicia y destacaban la lucha de las "madres protectoras", un nombre con el que se identifica a las que acompañan a sus hijas e hijos víctimas de violencia sexual.
Con un parlante con el que cantaban canciones que visibilizan violencias en las infancias, acompañaron la jornada.
"Cuando nuestros hijos e hijas nos cuentan que fueron abusados o abusadas por quien debía cuidarles más que nadie, que son sus progenitores, les creemos. Le pedimos ayuda a quien debe hacer su trabajo, que es el Poder Judicial, y lejos de hacerlo revictimiza sistemáticamente a nuestros hijos e hijas y a nosotras también", compartió a Télam Feliciana Bilat, madre protectora y parte de la organización Sumate Basta de Abusos, en la puerta del Tribunal.
"Acá no es nuestro relato, es el de nuestros hijos e hijas. Encima de haber sido abusados y abusadas sexualmente por su progenitor, les condenan la vida", dijo la mujer, y consideró que este mensaje "es para que los progenitores incestuosos sigan violando y abusando de sus hijos e hijas porque la justicia los va a amparar y eso es lo más grave".
También acompañaron la jornada funcionarios del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
"Venimos acompañando a varias madres protectoras. Desde que asumió, Ayelén Mazzina tomó la decisión de acompañar a las madres protectoras con mayor fuerza porque entendemos que están siendo criminalizadas por este sistema patriarcal que es muy perverso, como acabamos de verlo ahora con la resolución que tuvo", sostuvo a esta agencia Bruno Cassan, director de programas especiales de la cartera de Género.
La mujer se separó en 2009 de quien era entonces su pareja -PG-, y lo denunció por violencia hacia ella y sus hijos.
Sin embargo, recién cuando pudo volver a convivir con ellos en 2016 detectó signos de abusos sexuales.
En 2019, PG fue procesado por el delito de abuso sexual contra dos de sus hijos y el 8 de febrero pasado, la Sala 3ra. de la Cámara de Apelación y Garantía del Departamento Judicial de Lomas de Zamora le concedió la excarcelación, a la espera del juicio.
La denuncia que lo llevó al banquillo de los acusados fue radicada por la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Nora Schulman, al tomar conocimiento de la situación del hijo menor de PG, que en ese momento tenía 7 años y que hoy ya alcanzó los 14.
Con información de Télam
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