El juicio por la muerte de una adolescente que en octubre de 2020 murió como consecuencia de quemaduras sufridas por la explosión que se produjo en una cervecería de San Miguel a la que había ido con amigos, comenzará el próximo viernes con el dueño, la mesera y la encargada del local comercial acusados por homicidio culposo.
El viernes 9 de octubre de 2020 Lucía Costa Osores, de 18 años, fue junto a un grupo de amigos y amigas al bar Zar Burguers, ubicado en Paunero 1189 de la localidad bonaerense de San Miguel, y antes de tomarles el pedido la mesera se acercó a la mesa y apoyó un bidón de alcohol cerca de un adorno que tenía fuego.
A los pocos segundos se produjo una explosión que provocó un incendio que se propagó con velocidad por todo el salón y que provocó heridas de diferente consideración a varias personas que fueron trasladadas a distintos centros de salud locales.
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Costa Osores murió a las horas como consecuencias de las quemaduras producidas al momento del incendio y, a casi tres años del hecho, el próximo viernes 8 de septiembre el juzgado en lo Correccional Número 3 de San Martín comenzará a llevar adelante el proceso legal contra Priscila Lucca, Carlos Eduardo Oliverio y Marina de los Ángeles Ramírez; mesera, dueño y encargada del bar, respectivamente, por “homicidio culposo y lesiones culposas”.
Liz Barrionuevo, abogada de la familia precisó que el proceso legal se extenderá hasta noviembre, tiene previsto “15 jornadas de debate” y, en principio, “salvo que se modifique desde el juzgado, 245 testigos” darán su testimonio.
“Esperamos que los tres imputados sean condenados a la pena máxima y que la misma sea de cumplimiento efectivo”, sentenció la letrada en diálogo con Télam, y precisó que “la pena máxima por el homicidio de Lucía es de 6 años a lo cual se le suman las lesiones graves de los amigos” de la adolescente.
“Desde la defensa se intentó entorpecer las actuaciones con la presentación de pericias irrelevantes y malintencionadas, lo cierto es que contamos con elementos de prueba contundentes”, aseguró Barrionuevo.
También explicó que, durante el proceso de relevamiento de pruebas y de investigación hubo “manipulación de las cámaras de seguridad por parte de Oliverio y Ramírez quienes desconectaron las mismas y manipularon para evitar que la justicia tomara contacto con las irregularidades que se sucedieron” el día del hecho.
La letrada también precisó que se encuentra abierta otra causa en el Juzgado Correccional Nro 2 que investiga la habilitación del local comercial y si el mismo contaba con los permisos correspondientes para las operaciones que se realizaban en el lugar.
El hecho quedó registrado en un video que se hizo público rápidamente en el que se ve cómo la mesera se acercó a la mesa de los adolescentes con una botella o bidón, volcó el líquido en un envase más pequeño y en cuestión de segundos se produjo una explosión y se incendió el salón.
Con información de Télam
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