La diputada provincial de Formosa por el Partido Justicialista (PJ), Cristina Mirassou, se refirió al proyecto de ley que el Gobierno nacional presentó el pasado viernes para bajar a 13 años la edad de imputabilidad y establece penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en "establecimientos especiales" o "secciones separadas" dentro de los complejos penitenciarios.
La iniciativa del nuevo Régimen Penal Juvenil será enviada al Congreso para que sea debatida por los legisladores. Ésta prevé que la pena máxima para los menores condenados por la Justicia sea de 20 años y su presentación estuvo a cargo de los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y Patricia Bullrich, respectivamente.
“Considero que esa no es la respuesta para el problema del delito y la violencia, nunca lo ha sido”, manifestó la legisladora formoseña en comunicación con el portal Agenfor.“Ya está la experiencia en otros países y en realidad lo que hace es generar un nuevo problema”, apuntó, remarcando que por su complejidad, el tema “debe ser abordado desde distintas disciplinas y ser tomado en serio”.
A su entender, el proyecto del Ejecutivo Nacional “atenta contra los derechos de los niños y jóvenes”, reiterando que “no es una solución”. Además, hizo notar que “ya existen muchas medidas interdisciplinarias habladas y escritas que son de gran alcance y, sobre todo, preventivas”, dejando en claro que está en desacuerdo con aquellas que son “punitivas”.
“Hay que trabajar con la prevención desde las instituciones que ya existen y de forma interdisciplinaria”, concluyó la legisladora formoseña al respecto.
Cabe recordar que, actualmente, en Argentina, los menores de 16 años de edad no pueden ser juzgados como adultos. Con esta nueva ley, los adolescentes de 13 años en adelante podrían enfrentar el sistema judicial penal.
En un comunicado del Ministerio de Justicia explicaron que "la ley que rige actualmente es de la década del 80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas".
Adorni explicó que la medida se basa en la idea de que “si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de sus actos como adultos”. Además, mencionó que otros países de la región, como Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, ya tienen una edad de imputabilidad de 14 años, y en Brasil es de 12 años.
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