El Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén decidió continuar sin público el juicio a cuatro guardaparques por la tragedia ocurrida en 2016, cuando dos niños murieron por la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín, tras las agresiones y amenazas que sufrieron testigos y acusados por parte de familiares de las víctimas.
En diálogo con Télam, el secretario de prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales, Danilo Hernández Otaño, explicó que "después de que declarara uno de los testigos -un guardaparque que inicialmente estuvo imputado por la Fiscalía de Neuquén cuando inició la causa en 2016- hubo una agresión importante, en principio verbal".
"Comenzaron a correrlo, y creo que no hubo contacto físico porque el guardaparque corrió más rápido, pero si no hubiera sido así, llegaban a agresiones físicas", sostuvo Hernández Otaño.
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El testigo afectado había sido detenido en San Martín de los Andes en 2016 "de manera ilegal por la fiscal Inés Gerez, que lo señaló desde el día cero como un asesino, y eso generó que las familias lo vean así", consideró.
"Todas las reacciones que recibimos durante estos ocho años son esperables y son fruto de la mala praxis, que no sabemos si es por negligencia o con una intencionalidad desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén contra la Administración de Parques Nacionales (APN) por los intereses que sabemos que existen desde la provincia sobre el ámbito territorial del Parque Nacional Lanín", denunció el referente de guardaparques.
Además, relató que "después, delante de los jueces, una de las familiares de la nena fallecida insultó a los acusados y de pronto en medio de los gritos, insultó a la esposa de uno de los guardaparques y se le tiraron encima".
"En ese momento, intervino la policía y tuvieron que traer refuerzos para separarlas; finalmente, tomaron la decisión de desalojar la sala y continuar el juicio sin público", detalló Hernández Otaño.
El juicio comenzó el lunes 30 de octubre y se extenderá hasta mañana, jueves 2 de noviembre, ante el tribunal integrado por los jueces María Paula Marisi, Pablo Lacava y Alejandro Cabral.
Los cuatro agentes de la APN están imputados por homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones graves culposas agravadas por el mismo motivo y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También se encuentran imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca.
Los imputados están acusados de haber actuado de manera negligente al no advertir los riesgos que representaba un enorme roble pellín, que estaba con sus raíces descalzadas en el camping habilitado.
El árbol se desplomó la tarde del 1 de enero de 2016 probablemente por unas ráfagas de viento y mató a dos niños de 7 y 3 años respectivamente y lesionó de gravedad a su abuela y al padre.
Los guardaparques imputados son Matías Iván Encina, Diego Luis Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman.
También son juzgados Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa, quienes estaban a cargo de la concesión del camping cuando ocurrió la tragedia.
En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, había sobreseído a los implicados.
La resolución fue apelada, ya que en la causa consta documentación donde se establece que tanto los guardaparques como la comunidad mapuche se encontraban obligados a realizar una revisión de los árboles previo al inicio de la temporada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.
Desde la APN expresaron su solidaridad "con el profundo dolor y desconsuelo de la familia y de la sociedad toda ante semejante suceso", pero anunciaron que, "mientras dure el juicio, se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas del país".
La acción de protesta más fuerte está prevista para este jueves. Se trata de una medida a la que se sumarán casi todos los parques nacionales de la Argentina, que no abrirán los senderos a visitantes y tampoco se permitirán excursiones ni cualquier otro tipo de actividad.
Con información de Télam
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