(Agrega comunicado de la APN)
Cuatro guardaparques serán juzgados desde mañana en la ciudad de Neuquén en el marco de una causa por la muerte de dos niños ocurrida en 2016 a raíz de la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín (PNL), en San Martín de los Andes.
Los agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) están imputados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves.
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Además, se encuentran imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca.
El Tribunal Oral Federal (TOF) a cargo del juicio estará conformado por los jueces María Paula Marisi, Pablo Lacava y Alejandro Cabral, y las penas pueden llegar hasta los seis años de prisión.
El caso judicial se remonta al 1 de enero de 2016, cuando un árbol de aproximadamente 40 metros de altura cayó en el camping Lolen, ubicado en la bahía de Catritre, a orillas del lago Lacar, debido a ráfagas de viento que rompieron sus raíces descalzadas.
El accidente provocó la muerte Matías Mercanti, de 7 años, y de Martina Sepúlveda, de 3, mientras que dos adultos familiares de los niños sufrieron heridas.
En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, había sobreseído a los implicados.
La resolución fue apelada, ya que en la causa consta documentación donde se establece que tanto los guardaparques como la comunidad mapuche se encontraban obligados a realizar una revisión de los árboles previo al inicio de la temporada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.
Desde la APN expresaron hoy su solidaridad “con el profundo dolor y desconsuelo de la familia y de la sociedad toda ante semejante suceso”.
Asimismo, manifestaron que “sin ánimo de soslayar ese desasosiego, es inminente también remarcar que el rol de la Administración de Parques Nacionales es precisamente la conservación de espacios agrestes y que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables”.
“Una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN pondría en riesgo la esencia misma de los parques nacionales y afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral de tantos proyectos, emprendimientos, investigaciones, y todo tipo de trabajos que se realizan en los interiores de todas las áreas protegidas de país”, indicaron.
Además, señalaron que “el ecosistema protegido en el Paraje Lolen es de carácter eminentemente agreste, en tanto sinónimo de silvestría, caracterizado por la baja intervención humana”.
“El rol de la APN en ese sentido, es preservarlo en su estado natural de la mejor manera posible. Esa condición no excluye que dichos ecosistemas, lleven implícita, potencialmente, como tantas otras áreas protegidas del país, la posibilidad de que se produzcan fenómenos naturales que impliquen riesgos para la vida humana y para el ambiente”, agregaron y sostuvieron que “las y los trabajadores de parques nacionales no son responsables por los fenómenos naturales que acontecen en ellos”.
Por último, informaron que “mientras dure el juicio se llevará adelante una paralización total en todas las áreas protegidas del país”, y lamentaron “los inconvenientes que esto pueda generar”.
La acción de protesta más fuerte está prevista para el jueves 2, a la que se sumarán casi todos los parques nacionales de la Argentina, cuando no se abrirán los senderos, y tampoco se permitirán excursiones ni cualquier otro tipo de actividad.
Los parques afectados por las restricciones incluirán al Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco y el área del Valle Encantado en el PN Los Cardones.
El jueves 2 se sumarán a la protesta -con restricción total- los parques de El Palmar, Aconquija, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú.
La decisión de cerrar temporalmente ha sido recibida con comprensión por parte de la APN, que ha pedido a los visitantes que se comuniquen con los parques o consulten sus redes sociales para confirmar la disponibilidad antes de planificar sus visitas.
El Sindicato de Guardaparques Nacionales expresó su profunda preocupación por el proceso judicial y subrayó que su responsabilidad es preservar las especies dentro de las áreas protegidas, no convertirlas en zonas urbanas donde los turistas estén exentos de riesgos inusuales.
Desde la agrupación gremial compartieron el dolor de las familias de las víctimas, pero enfatizaron que culpar a los guardaparques por este trágico evento no es justificado.
El hecho generó preocupaciones significativas sobre la naturaleza del trabajo de los guardaparques y las posibles implicaciones legales de eventos naturales, imprevisibles en áreas protegidas.
Los acusados que serán juzgados desde mañana son el titular de Guardaparques, Diego Lucca; el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; la jefa de Uso Público del PNL, María Hileman; el guardaparque Matías Encina; y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca, Milena Cheuquepán y Juan Delgado.
Con información de Télam
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