Tras siete años de intervención, la justicia dio lugar a una cautelar y le devolvió el control de la obra social sindical al gremio de vigiladores (UPSRA). La conducción de Ángel García le reclamó a la Superintendencia de Servicios de Salud que reconozca a las autoridades designadas.
El fallo del Juzgado Federal de Santa Fe N° 1, da vuelta una decisión presidencial, dispuso la suspensión del Decreto que había intervenido la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip). De esa forma, ordenó reconocer y garantizar el derecho de la Unión del Personal de Seguridad República Argentina a designar su conducción.
El decreto, que ahora queda sin efecto, data del 20 de abril de 2021 y definía la intervención a la obra social en cuestión por el plazo de 180 días. El mismo se iba prorrogando una y otra vez, mientras que en ese proceso pasaron varios interventores.
Con el aval legal, ahora García intimó con una Carta Documento al Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, a que cumpla con la manda judicial. De hecho se habla de la aplicación de sanciones en caso de que incumpla con lo demandado.
Según constató la UPSRA, el propio juzgado notificó a López de la resolución por lo que el funcionario, en caso de demorar la determinación, se expone a una denuncia ante el fuero Federal por incumplimiento judicial, entre otros posibles delitos.
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