Cuando la fiscalía francesa apuntó al jefe de Telegram, Pável Dúrov, contaban con una baza: una nueva y estricta ley sin equivalente internacional que penaliza a los titanes tecnológicos cuyas plataformas permitan productos o actividades ilegales.
La llamada ley LOPMI, promulgada en enero de 2023, ha colocado a Francia a la cabeza de un grupo de naciones que adoptan una postura más severa contra los sitios web plagados de delincuencia. Pero la ley es tan reciente que los fiscales aún no han logrado una condena.
Dado que la ley aún no ha sido probada en los tribunales, el impulso pionero de Francia para procesar a figuras como Dúrov podría ser contraproducente si sus jueces se resisten a penalizar a los jefes tecnológicos por presuntos delitos en sus plataformas.
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Un juez francés puso a Dúrov bajo investigación formal el mes pasado, acusándole de varios delitos, entre ellos el de 2023: "Complicidad en la administración de una plataforma en línea para permitir una transacción ilícita, en banda organizada", que conlleva una pena máxima de 10 años y una multa de 500.000 euros (556.300 dólares).
Estar bajo investigación formal no implica culpabilidad ni conduce necesariamente a juicio, pero indica que los jueces creen que hay pruebas suficientes para seguir adelante con la pesquisa. Las investigaciones pueden durar años antes de ser enviadas a juicio o archivadas.
Dúrov, en libertad bajo fianza, niega que Telegram fuera un "paraíso anárquico". Telegram ha dicho que "acata las leyes de la UE" y que es "absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma".
En una entrevista radiofónica la semana pasada, la fiscal de París, Laure Beccuau, elogió la ley de 2023 como una poderosa herramienta para luchar contra los grupos de delincuencia organizada que operan cada vez más en internet.
La ley parece ser única. Ocho abogados y académicos dijeron a Reuters que no conocían ningún otro país con un estatuto similar.
"No hay ningún delito en la legislación estadounidense directamente análogo a éste y ninguno que yo conozca en el mundo occidental", dijo Adam Hickey, ex ayudante del fiscal general de Estados Unidos que creó el programa de ciberseguridad nacional del Departamento de Justicia (DOJ).
Hickey, ahora en el bufete estadounidense Mayer Brown, dijo que los fiscales estadounidenses podrían acusar a un jefe tecnológico como "co-conspirador o cómplice de los delitos cometidos por los usuarios", pero sólo si hay pruebas de que el "operador tiene la intención de que sus usuarios participen en actividades delictivas, y él mismo las facilita".
Citó la condena en 2015 de Ross Ulbricht, cuyo sitio web Silk Road albergaba ventas de drogas. Los fiscales estadounidenses argumentaron que Ulbricht "operaba deliberadamente Silk Road como un mercado criminal en línea (...) fuera del alcance de las fuerzas del orden", según el DOJ. Ulbricht fue condenado a cadena perpetua.
Timothy Howard, ex fiscal federal de Estados Unidos que puso entre rejas a Ulbricht, se mostró "escéptico" de que Dúrov pudiera ser condenado en Estados Unidos sin pruebas de que conocía los delitos cometidos en Telegram y de que los facilitó activamente, sobre todo teniendo en cuenta la amplia base de usuarios de Telegram, en su mayoría respetuosos con la ley.
"Viniendo de mi experiencia del sistema legal estadounidense", dijo, la ley francesa parece "una teoría agresiva".
Michel Séjean, profesor francés de ciberderecho, dijo que el endurecimiento de la legislación en Francia se produjo después de que las autoridades se exasperaran con empresas como Telegram.
"No es un arma nuclear", dijo. "Es un arma para evitar verse impotente ante plataformas que no cooperan".
(1 dólar = 0,8988 euros)
Con información de Reuters
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