A 4 años de explosión de planta de agroquímicos en Mercedes, vecinos reclaman justicia y reparación

27 de septiembre, 2023 | 13.13

Cuatro años después de la explosión de la planta de agroquímicos de la empresa Sigma Agro en el paraje La Verde, partido bonaerense de Mercedes, las y los vecinos denuncian que todavía no terminaron las tareas para reparar el daño, en tanto dos personas de la empresa están imputadas por infracción de la Ley de Residuos Peligrosos.

Además de la contaminación -cuyo alcance todavía no está claro para la población-, una semana después de la explosión falleció en el hospital Rubén Ponce, de 42 años, quien cayó en una zanja con líquido derramado durante el hecho, lo que le generó quemaduras en todo el cuerpo.

"Limpiaron, rellenaron con tierra y plantaron césped y árboles; pero nada verdea y los árboles centenarios de las zonas aledañas se siguen muriendo, por lo que pensamos que la tierra sigue contaminada. Además, hace muchísimo que no se realiza una medición del suelo ni del agua", contó a Télam Martín Barros, vecino del Paraje La Verde.

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La explosión ocurrió e 27 de septiembre de 2019 cerca de las 4.30 de la mañana en la planta de la empresa Sigma Agro S.A, ubicada sobre la ruta 42, que era de categoría 3 y funcionaba desde 2014.

"Me tembló la casa y me levanté a ver qué había pasado. Otros vecinos vieron la estela de humo en el cielo y empezó a circular algo de información en los medios locales", contó Martín en su momento a Télam.

En octubre de ese año, un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes había difundido que las autoridades del entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) "tomaron diversas muestras, siendo que los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados (indican) que se trataría de biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto".

Según la Ley 11.459, y su decreto reglamentario 1741/96, las empresas que quieran radicarse en la provincia de Buenos Aires deben cumplir una serie de requisitos y, en el caso de la categoría 3, realizar un estudio de impacto ambiental que debe ser presentado ante el Municipio y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para que se le otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental.

En lo que va de la investigación, la fiscalía determinó que la empresa no había cumplido ninguno de estos requisitos.

Tras la explosión se abrieron dos causas: una en el fuero civil (que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°10 de Mercedes) y otra en el penal, en la que en marzo pasado la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°6 decidió imputar al presidente y al apoderado legal de la empresa Sigma Agro, Jerónimo Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa, respectivamente, por el delito de "Infracción al artículo 55 en función del 57 de la Ley de residuos peligrosos".

Según consta en el artículo 55 de esta norma "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal (de tres a diez años de prisión), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

"Más allá de la responsabilidad de los directivos de la empresa, existen responsabilidades penales de funcionarios municipales y provinciales que incumplieron con sus deberes y en algún caso incurrieron en 'falsedad ideológica de instrumento público', y éstos todavía no fueron investigados", indicó Fabián Maggi, abogado de las vecinas y vecinos.

Respecto a la categorización (qué y cuánto) de lo que fue diseminado por el suelo, aire y agua al momento de la explosión y al plan de remediación, Sigma Agro S.A contrató a la empresa especializada Dessler para que realizara esa tarea.

Sin embargo, en marzo de 2022 el Ministerio de Ambiente bonaerense emitió una resolución (la 155/2022) en la que aplicó una multa a Sigma Agro por no estar llevando adelante la remediación en tiempo y forma.

"A nosotros nadie nos asegura que realmente se haya remediado y no es lo que vemos; ya pasaron cuatro años, queremos justicia por lo que pasó, pero también estar tranquilos de que vivimos en un ambiente sano", concluyó Barros.

Con información de Télam