Barcelona se preparaba el jueves para el esperado regreso del exlíder independentista catalán Carles Puigdemont de su exilio autoimpuesto, ya que es probable que el polémico político sea detenido por una orden de arresto pendiente contra él por presunta malversación.
El miércoles, Puigdemont anunció que había iniciado su "viaje de regreso desde el exilio", diciendo que seguía comprometido a asistir a la sesión del jueves del Parlamento catalán para jurar el cargo del nuevo líder de la región tras las elecciones de mayo, en las que el partido de Puigdemont quedó en segundo lugar.
"Que para hacerlo me arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal es una evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir", dijo en un vídeo publicado en las redes sociales.
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El edificio del Parlamento regional en el centro de Barcelona fue vallado y rodeado por agentes de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana.
No está claro cómo, o si Puigdemont planea acceder al Parlamento antes de ser detenido.
Puigdemont, de 61 años, antiguo periodista, huyó a Bélgica hace siete años tras fracasar su intento de independencia y vive en el exilio desde entonces.
Junts, su partido independentista, ha pedido a sus seguidores que den una bienvenida multitudinaria a Puigdemont en el cercano monumento del Arco de Triunfo, donde se ha instalado un escenario con pantallas de televisión. Otros partidos independentistas catalanes y grupos de la sociedad civil dijeron que también asistirían.
El partido de extrema derecha Vox iba a celebrar una contramanifestación frente al Parlamento. Su secretario general, Ignacio Garriga, dijo en la red social X que "no toleraremos la humillación de ver a un delincuente y prófugo de la justicia entrar al Parlament".
La votación para investir al socialista Salvador Illa, que contará con el apoyo del partido independentista de izquierdas ERC tras un acuerdo bilateral la semana pasada, está prevista que comience a las 10:00 hora local (0800 GMT).
El Congreso español aprobó en mayo una ley de amnistía para indultar a los implicados en el fallido intento de secesión de 2017, pero el Tribunal Supremo mantuvo las órdenes de arresto contra Puigdemont y otras dos personas acusadas también de malversación, dictaminando que la ley de amnistía no se aplica a ellos.
El tribunal dijo que los tres obtuvieron beneficios personales al cargar a la hacienda regional los gastos de la celebración del referéndum de independencia considerado ilegal por la justicia española, una medida que calificó de contraria al interés público.
Puigdemont insiste en que el referéndum no fue ilegal, por lo que los cargos vinculados a él carecen de fundamento.
Con información de Reuters
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