A través de la Resolución 151/24, el Gobierno Nacional tomó la decisión de cancelar la instalación de dos centrales térmicas en la provincia de Formosa, un proyecto de magnitud dentro del plan de expansión energética nacional. La medida, tomada por la gestión del presidente Javier Milei, no solo frena un plan estratégico de generación de energía sino que también abre la puerta a posibles conflictos legales y problemas futuros en el suministro energético de Argentina.
La resolución anula formalmente el proceso de ejecución de las centrales térmicas, que habían sido adjudicadas a la empresa Juan F. Secco S.A. como parte del esquema nacional TerConf. Este programa, impulsado en la gestión anterior, tenía como objetivo reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante la creación de nuevas infraestructuras energéticas para garantizar un suministro más eficiente y estable.
El proyecto contemplaba la instalación de dos centrales térmicas con dos turbinas en la ciudad de Formosa y dos en la localidad de Ibarreta, cada una con una capacidad de generación de 120 megavatios (MV). Estas instalaciones no solo iban a beneficiar a la provincia de Formosa, sino que también tenían un rol crucial en el alivio de la demanda energética en el norte argentino, un área tradicionalmente afectada por la falta de recursos energéticos.
La iniciativa, anunciada en junio de 2023, había sido presentada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, como una solución a largo plazo para las necesidades energéticas de la región. En octubre de 2023, la empresa Secco fue seleccionada para desarrollar estos proyectos, utilizando gas natural proveniente de la interconexión del gasoducto troncal. La firma del contrato con CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, estaba prevista para el 16 de abril de 2024, con la publicación de la Resolución 45/2024 que extendía el plazo de suscripción por 60 días.
Sin embargo, con la reciente Resolución 151/24, el Gobierno Nacional decidió cancelar estos contratos, instruyendo a CAMMESA a proceder con la devolución de los pagos iniciales y las garantías de mantenimiento de oferta que las empresas adjudicatarias ya habían depositado. Este acto administrativo no solo pone fin al proyecto, sino que también implica una serie de consecuencias financieras y legales.
La cancelación de las centrales térmicas llevará a una serie de desafíos financieros. CAMMESA, que ya enfrenta deudas con generadoras eléctricas en todo el país, verá incrementados sus pasivos debido a la necesidad de reintegrar los montos correspondientes al Esquema de Pagos hasta la Habilitación Comercial, incluyendo el pago inicial por adjudicación y los pagos mensuales para el mantenimiento de la adjudicación.
A nivel legal, la resolución podría desencadenar una serie de demandas por parte de las empresas afectadas, que podrían reclamar compensaciones por los costos ya asumidos en función de los contratos adjudicados.
Desde una perspectiva operativa, la cancelación de estos proyectos representa una amenaza para la estabilidad del suministro energético en Argentina. Las centrales térmicas de Formosa e Ibarreta eran una parte esencial de la estrategia del Gobierno para enfrentar la creciente demanda de energía, especialmente en una región donde el suministro eléctrico es un desafío constante debido a las altas temperaturas alcanzadas en verano, que requieren de altos niveles de energía para enfrentarlas.