Esta semana, la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Formosa (CAMARCO-Formosa) alertó que, desde diciembre hasta la fecha, se registró una enorme caída en la actividad a nivel nacional y, en lo que respecta a la provincia, más de 7.500 obreros perdieron sus puestos de trabajo. A propósito de esto, el presidente de CAMARCO-Formosa, Edgardo Hoyos, detalló: "En todo el país se habla de unos 110 mil trabajadores que perdieron su fuente laboral desde diciembre hasta la fecha".
Sin embargo, Hoyos destacó que, pese al difícil contexto que vive el rubro en todo el país, en Formosa se continúa con las obras que son financiadas con fondos provinciales, lo cual evita que la pérdida de empleo en la provincia sea más acentuada. "Debe haber, por lo menos, unas 70 empresas que están haciendo las obras en la provincia y que mantienen un ritmo aceptable, considerando el contexto", indicó la máxima autoridad de CAMARCO-Formosa.
Por otra parte, Hoyos se mostró preocupado por la deuda que mantiene el Estado nacional con las contratistas, que sigue sin saldarse. "Nos comunicaron desde la Cámara Nacional de la Construcción que Nación ya informó que solamente se haría cargo del 40% de la deuda con las contratistas, y eso es un golpe muy duro para el sector", lamentó.
Para finalizar, el presidente de CAMARCO-Formosa se refirió a la situación de quienes, como él, se dedican a la venta de insumos para la construcción. "Tenemos una baja considerable: hablamos del 60% o 70% menos, en relación a lo que veníamos vendiendo hasta octubre y noviembre del año pasado", señaló Hoyos, dando cuenta de los difíciles momentos que está atravesando el sector de la construcción desde la asunción de Milei al Ejecutivo nacional.
Las deudas se pagan
A mediados de agosto, el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, se refirió al Decreto Presidencial N° 713, firmado por el presidente Javier Milei, que reglamenta la rescisión de contratos vigentes de obras públicas y concesiones de servicios a través de iniciativas privadas. En este contexto, Ibáñez sugirió que la provincia podría hacerse cargo de proyectos de menor envergadura que fueron paralizados por el Gobierno nacional, pero advirtió que esto sólo sería posible si Formosa no hereda las deudas acumuladas con las constructoras contratadas.
El decreto establece la política del Gobierno nacional en relación con los contratos de obra pública y concesiones de servicios públicos, así como con las iniciativas privadas dentro del marco de privatizaciones, marcando un nuevo rumbo en la gestión de proyectos públicos que, desde diciembre del año pasado, fueron detenidos en todo el país, afectando gravemente a la provincia de Formosa.
Ibáñez señaló que la paralización de la obra pública tuvo un impacto significativo en Formosa, con 56 proyectos suspendidos, además de más de 4.000 contratos de viviendas que estaban en distintas etapas de avance. Estos proyectos, según el ministro, son esenciales para desarrollar la infraestructura social y económica que la provincia aún necesita. "Queremos saber qué pasará con estos proyectos inconclusos que han afectado a las empresas constructoras y, más importante aún, a los obreros de la construcción, muchos de los cuales han quedado desempleados", afirmó Ibáñez.
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