Venezuela reforzó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores y disidentes tras las disputadas elecciones presidenciales de julio, dijo el martes un informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos.
La misión, que entrevistó a cientos de personas de forma remota o en terceros países, dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
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Autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero no divulgaron todas las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego que se dictó un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones hubo protestas en las que fallecieron 25 personas, según organizaciones no gubernamentales, y se detuvo a otras 2.400, de acuerdo con voceros oficiales de Venezuela.
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la represión a las protestas fue instigada por Maduro y por las altas autoridades militares, lo que ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
No hubo una declaración inmediata de las autoridades venezolanas en respuesta a la misión de la ONU, que dijo que había intentado comunicarse con ellos para su investigación sin éxito.
"DESAPARICIONES FORZADAS"
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres y que también fueron selectivas.
Según el informe, aumentaron las denuncias de "desapariciones forzadas", que no se habían observado desde 2019, así como las de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
Para la preparación del informe, la misión realizó 366 entrevistas remotas o en persona con 383 personas y consultó decenas de expedientes judiciales y otras fuentes documentales y audiovisuales. En relación con la crisis postelectoral, la misión revisó más de 1.000 evidencias.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
Con información de Reuters
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