Cuando se conoció la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, iba a ofrecer una vía hacia la ciudadanía a determinados inmigrantes que entraron ilegalmente en el país y están casados con ciudadanos estadounidenses, la abogada de inmigración Bridget Cambria, de Pensilvania, no tardó en pensar en los clientes a los que podría ayudar.
A lo largo de los años, se había reunido con muchas parejas de este tipo, explicándoles lo difícil que iba a ser para el cónyuge inmigrante conseguir la residencia legal permanente en Estados Unidos. El proceso, en la mayoría de los casos, exigía que el inmigrante abandonara el país, pudiendo pasar años de separación familiar antes de poder regresar.
"Cuando les llamé, fue agradable decirles algo feliz por una vez", dijo Cambria. "Algunos lloraron, la mayoría simplemente estaban incrédulos o en estado de shock".
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La medida adoptada por Biden el martes, que permitiría a cientos de miles de cónyuges de ciudadanos estadounidenses legalizar su situación migratoria sin salir de Estados Unidos, es un gran avance para las familias afectadas, pero también es una táctica política de alto riesgo en un año electoral.
Biden, un demócrata que aspira a un nuevo mandato en noviembre, ha luchado contra los altos niveles de inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México. Su contrincante republicano, Donald Trump, ha defendido el mensaje de que los inmigrantes cometen más delitos violentos que los ciudadanos estadounidenses, a pesar de las estadísticas en contra, y "envenenan la sangre" del país.
Biden ha enfrentando un acto de equilibrismo en política en los últimos meses: endureciendo su postura sobre la aplicación de las leyes fronterizas y, al mismo tiempo, tratando de no alienar a los votantes liberales y a los latinos. El demócrata venció a Trump en 2020, con la promesa de un enfoque más humano de la inmigración, un fuerte contraste con los cuatro años de Trump en el cargo.
Cuando se trata de política de inmigración, los votantes registrados prefieren a Trump sobre Biden por un margen de 17 puntos porcentuales, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada a mediados de mayo.
Una de las parejas a las que llamó Cambria, la abogada de inmigración de Pensilvania, fue Carmen Miranda, de 56 años, y su marido Francisco Cortez, de 52, de Reading, Pensilvania.
Miranda conoció a Cortez, que es mexicano, a través de una amiga cuando ella tenía poco más de 20 años. Él había entrado ilegalmente en el país en 1987, y ella era madre soltera de dos niños pequeños. Salieron juntos varios años antes de casarse en 2003.
Miranda, que padece esclerosis múltiple y enanismo y depende de Cortez para mantenerse, dijo que se emocionó cuando Cambria la llamó para darle la noticia.
"Hemos esperado y esperado tanto, tanto tiempo", dijo Miranda. "Pido disculpas si me pongo a llorar".
Miranda dijo que no podría habérselas arreglado sin Cortez si él hubiera salido del país para solicitar un estatus legal y hubiera entrado en un limbo de años. "Le necesito aquí", dijo.
Genaro Vicencio, de 24 años, que cruzó la frontera desde México cuando tenía 10 años, conoció a su esposa estadounidense Cindy Maduena cuando ambos eran adolescentes. Tienen un hijo de 6 años.
Vicencio, que vive en Temple, Pensilvania, dijo que ha temido constantemente tener que abandonar Estados Unidos durante mucho tiempo y que su hijo pequeño creciera sin padre. Todavía está tratando de comprender la magnitud del anuncio para su familia, dijo.
"Es que ya no tengo que preocuparme por si mi hijo va a tener un padre ¿Va a ser estable mi familia?", dijo. "Cada mañana tenía que levantarme y pensar en eso. Esto es un gran alivio para el estrés".
Vicencio espera que la obtención del estatus legal le permita ampliar sus negocios de pintura y electricista y acceder a préstamos empresariales, dijo.
Pero sobre todo, dijo, está feliz de comenzar a construir un futuro estable en Estados Unidos.
"Sé que algunas personas en este país podrían decir: 'Oh, no es un gran país'. Es un país precioso. Me encanta".
Con información de Reuters
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