La decisión del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, de interrumpir el financiamiento de obras de vivienda en La Rioja generó un impacto negativo en el sector de la construcción. Como consecuencia, se perdieron más de 6.000 empleos directos, además de los numerosos puestos indirectos que dependen de esta actividad. A esto se suma el hecho de que hace 14 meses que la administración nacional no envía los fondos correspondientes a las empresas encargadas de la ejecución de los proyectos.
La situación se agravó con la disolución de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación, una medida que, según las autoridades provinciales, refleja la falta de interés del Gobierno en garantizar el acceso a la vivienda, un derecho de rango constitucional. No obstante, desde la provincia se decidió continuar con la construcción de 1.075 viviendas cuya ejecución quedó paralizada por la falta de fondos nacionales.
Desde la cartera de Vivienda, Tierras y Hábitat Social de La Rioja expresaron su preocupación por el perjuicio que esta situación representa para la provincia. Según explicaron, además del desempleo, la paralización afecta la actividad económica en general, perjudicando a comerciantes, corralones de materiales, profesionales y otros sectores vinculados a la construcción.
Bajo esta línea, destacaron que, antes de la interrupción del financiamiento nacional, el sector de la construcción gozaba de pleno empleo en la provincia. Sin embargo, hoy muchas obras están abandonadas y sin perspectivas de reactivación. Ante este panorama, el Gobierno provincial "trabaja en un marco normativo que le permita tomar el control de los proyectos paralizados y garantizar su continuidad".
“La gestión del gobernador Ricardo Quintela considera la vivienda como un derecho fundamental para los riojanos. Por eso, hemos entregado más de 6.000 soluciones habitacionales y no vamos a detenernos ante la falta de apoyo del Gobierno nacional”, subrayaron.
Además, criticaron la postura del Ejecutivo nacional de delegar en los bancos la responsabilidad de financiar la adquisición de viviendas. En este sentido, resaltaron que solo el 5% de la población se encuentra en condiciones de acceder a un crédito hipotecario, lo que deja a miles de familias sin posibilidad de acceder a una casa propia. Junto a esto, la falta de financiamiento estatal agrava la crisis habitacional, ya que muchas personas se ven obligadas a alquilar, enfrentando dificultades económicas para afrontar los costos de la vivienda.
En este contexto, la provincia busca alternativas para finalizar las obras en curso. Para ello, se plantea la creación de leyes que permitan recuperar terrenos e infraestructura con el fin de garantizar que los proyectos de vivienda puedan completarse.
Finalmente, desde la gestión provincial recordaron el impacto positivo del programa Procrear, que no solo permitió la construcción de viviendas sino que también otorgó líneas de crédito accesibles a miles de riojanos para mejorar sus hogares. “Fue un programa eficiente que llegó a la gente con créditos blandos y sin intereses significativos. Hoy, lamentablemente, el Estado nacional se ha retirado de esta responsabilidad”, concluyeron.
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