A través de un posteo en sus redes sociales, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la firma del Decreto correspondiente para resolver la demora en la percepción del pago por servicios adicionales que presta la policía de la provincia. El objetivo principal es modernizar los procesos administrativos, buscando eficacia, transparencia y racionalización de los recursos en la gestión, fiscalización, liquidación y pago de los servicios denominados Policía Adicional.
"El objetivo es que partir de un nuevo procedimiento más ordenado, todo servicio adicional prestado a organismos públicos, sea percibido por las y los efectivos de seguridad en aproximadamente de 72 horas hábiles desde la prestación del servicio", publicó el mandatario en sus redes.
Este cambio implica una modificación en el sistema, redirigiendo las partidas presupuestarias para que el pago se realice directamente desde el Sistema de Administración Financiera de la Policía (SAF), lo que implica eliminar la responsabilidad de cada área para pagar individualmente los servicios, reduciendo así los plazos en el proceso de pago.
Entre otros puntos, el mandatario aclaró que “el personal afectado a los servicios de Policía Adicional no podrá ser empleado sino en funciones de seguridad y ajustado exclusivamente a las tareas que se consignen en la correspondiente solicitud”.
A través del Decreto, Quintela estableció que el personal en actividad de la Policía de la Provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, prestará "Servicios de Policía Adicional" a entidades públicas, privadas y en eventos masivos de interés público organizados por el Estado Provincial. Los solicitantes deberán abonar la tasa correspondiente en la cuenta bancaria designada.
El decreto implica la adecuación presupuestaria específica para garantizar el pago del personal por los "Servicios de Policía Adicional" a través del Sistema de Administración Financiera (SAF 256) en el ámbito de la Policía de la Provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Esta medida busca asegurar el pago oportuno y adecuado a aquellos que prestan servicios adicionales en la seguridad pública de la provincia.
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