El Gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, ordenó el cierre de varias obras viales en todo el país como parte de las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei. Esta decisión afecta gravemente a varias provincias, entre ellas Formosa, donde las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 se encuentran en estado de deterioro avanzado.
Bajo esta línea, el ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la provincia, Daniel Malich, advirtió que Vialidad Nacional se "desentiende" del mantenimiento, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad vial.
"Si no se mantienen las rutas, se deterioran y se vuelven peligrosas, más aún con el intenso tránsito de camiones de transporte internacional que atraviesan la provincia", expresó Malich en comunicación con el portal Agenfor, calificando la situación como “muy preocupante”.
Además del abandono de rutas, el ministro criticó la paralización de obras clave en Pirané, como 80 viviendas en etapa avanzada de construcción y un sistema recolector de residuos cloacales con su planta de tratamiento.
En este sentido, señaló que el gobernador Gildo Insfrán expresó la voluntad de que la provincia asuma la ejecución de estas obras, pero reclamó que el Gobierno nacional se haga cargo de la deuda pendiente antes de transferirlas. "Hasta ahora no tenemos respuesta", lamentó Malich, dejando en evidencia la incertidumbre que genera la falta de financiamiento y mantenimiento en la infraestructura de Formosa.
Vialidad frenó obras y echó a los trabajadores clave para la reconstrucción de Bahía Blanca
El sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional denunció que el gobierno nacional de Javier Milei planea paralizar completamente las obras públicas viales pese a la inundación de Bahía Blanca. El gremio alertó también por un vaciamiento del organismo que afectará las tareas de reconstrucción de la ciudad por la tormenta que dejó el temporal del viernes pasado.
"Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunciamos con extrema preocupación la reciente instrucción del Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, quien ha ordenado a todos los distritos del país dar de baja los contratos de obra pública vigentes (mediante nota NO-2025-23517811-APN-DNV#MEC)", advirtió el gremio en un comunicado que publicó el último fin de semana.
FEPEVINA agregó que "este hecho representa el retiro total del Estado en la infraestructura vial, dejando en el abandono absoluto a las rutas nacionales y exponiendo a millones de argentinos a condiciones de tránsito cada vez más peligrosas. Se profundiza asi el proyecto privatizador del gobierno, que no sólo busca el desguace de Vialidad Nacional, sino también beneficiar a empresas privadas a costa de la seguridad y la conectividad del pais".
Desde Formosa apuntan contra Nación por la falta de pagos para obras de viviendas
El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Formosa, Marcelo Ugelli, criticó la decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento de obras habitacionales en la provincia, lo que provocó la pérdida de 8.000 empleos en el sector de la construcción. Esta situación se debe a los recortes implementados por la administración de Javier Milei, que afectaron directamente los distintos programas de vivienda en la provincia.
Formosa sufrió una de las mayores caídas en el empleo registrado en la construcción, ubicándose en la sexta posición a nivel nacional en diciembre. La causa principal de esta crisis es la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional, lo que impactó la construcción de viviendas y, en consecuencia, la economía local.
"Desde el ingreso de este nuevo Gobierno, se han neutralizado todas las obras y no hemos recibido pagos desde octubre ni noviembre del año pasado. Esto ha generado una fuerte deuda con las empresas encargadas de las construcciones", señaló Ugelli en comunicación con medios locales.
La situación se agravó con la reestructuración de organismos nacionales, que dificultó aún más la gestión de fondos para la vivienda. En enero, el Gobierno disolvió la Secretaría de Hábitat y Vivienda, dejando a la provincia sin un interlocutor oficial para coordinar políticas habitacionales y financiamiento. "A partir de la desaparición de este organismo, no hemos podido retomar el contacto con las autoridades nacionales para continuar las obras que ya estaban en marcha", explicó.
Ante este panorama, el Gobierno de Formosa decidió intervenir y buscar soluciones con recursos propios para evitar que la crisis se profundice. En un intento de mantener la construcción activa, se había firmado un acta acuerdo con la Nación que proponía un cofinanciamiento: la provincia asumiría el 90% de los costos y la Nación el 10%. Sin embargo, este esquema nunca llegó a implementarse debido a nuevas decisiones del Gobierno nacional: "Un día se derogó el fondo fiduciario para la vivienda social por decreto. Luego, se eliminó la Secretaría de Hábitat y Vivienda. Desde entonces, no hemos tenido más comunicación con Nación".
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