El candidato presidencial republicano Donald Trump dice que si no gana las elecciones del 5 de noviembre, denunciará fraude y no aceptará los resultados, tal como hizo hace cuatro años cuando perdió ante el presidente demócrata Joe Biden.
"Si pierdo -les digo- es posible. Porque hacen trampas. Esa es la única forma en que vamos a perder, porque hacen trampas", dijo Trump en un mitin en Michigan en septiembre.
Una negativa de Trump a aceptar una victoria de Harris podría sumir a Estados Unidos en la inestabilidad política en un momento en el que el país ya está profundamente dividido.
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Después de que Trump perdió las elecciones de 2020, él y sus aliados intentaron anular el resultado a través de docenas de demandas que finalmente no lograron alterar o retrasar el recuento de votos.
También presionó a los funcionarios de Georgia para que le encontraran más votos; y sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en un intento fallido de impedir que su vicepresidente, Mike Pence, certificara la victoria de Biden.
Una diferencia clave esta vez es que Trump no tiene las palancas presidenciales de poder que tenía en 2020. Y se han puesto en marcha nuevas leyes estatales y federales para que sea más difícil influir en los resultados electorales.
Aun así, Trump y sus aliados llevan meses sentando las bases para clamar al cielo si pierde el 5 de noviembre. Podría impugnar una victoria de su rival demócrata Kamala Harris en los tribunales o suscitar dudas sobre la validez de su victoria entre sus partidarios, con consecuencias imprevistas.
HUMO Y ESPEJOS
Republicanos y demócratas prevén que el recuento de votos podría prolongarse durante varios días después del 5 de noviembre, mientras se tabulan los votos por correo y se cuentan y verifican otros sufragios.
Si parece que Trump va perdiendo, el retraso le dará la oportunidad de alegar fraude e intentar socavar la confianza en los funcionarios electorales, al tiempo que posiblemente animará a sus partidarios a protestar. Ya ha amenazado con encarcelar a los trabajadores electorales y a otros funcionarios públicos por "comportamiento sin escrúpulos", aunque primero tendría que ganar las elecciones.
Trump puede llevar su caso directamente al público estadounidense sin esperar pruebas, utilizando las redes sociales, conferencias de prensa y entrevistas.
"El presidente Trump ha sido muy claro en que debemos tener unas elecciones libres y justas", dijo Karoline Leavitt, portavoz de la campaña de Trump.
La campaña de Harris no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
EN CAMPO DE BATALLA
Los republicanos ya han presentado de forma preventiva más de 100 demandas en los estados más disputados que decidirán las elecciones para preparar el terreno de cara a las impugnaciones posteriores a los comicios, entre las que se incluye la alegación, sin pruebas, de que votará un gran número de no ciudadanos.
Ambos partidos tienen previsto enviar a miles de voluntarios formados, denominados observadores electorales, para supervisar la votación y el recuento de votos, con el mandato de denunciar cualquier irregularidad.
A algunos activistas del derecho al voto les preocupa que los observadores electorales republicanos puedan ser perturbadores, pero el Partido Republicano dice que los voluntarios han sido entrenados para mantenerse dentro de la ley.
Como hicieron en 2020, los aliados de Trump en estados clave -funcionarios electorales locales, legisladores estatales y quizás jueces- podrían tratar de retrasar la certificación, la confirmación del recuento oficial de un estado, mediante denuncias de fraude.
Esos esfuerzos no tuvieron éxito la última vez, y los expertos en derecho electoral dicen que las leyes en esos estados son claras en el sentido de que los funcionarios locales carecen de poder para desechar las papeletas o descarrilar el proceso.
Cinco de los siete estados disputados tienen gobernadores demócratas, pero los activistas demócratas están preocupados por Georgia, cuya junta electoral estatal otorgó recientemente una autoridad sin precedentes a los funcionarios locales para llevar a cabo investigaciones, una medida que, según ellos, podría dar una oportunidad a los actores de mala fe que intenten impugnar o retrasar el recuento de votos.
Sin embargo, un juez de Georgia dictaminó esta semana que los funcionarios locales deben certificar los resultados y no hacer otra cosa.
Todos los estados deben presentar sus totales certificados antes de que el Colegio Electoral se reúna en diciembre y los electores emitan sus votos. Esa votación se entrega entonces al Congreso para su certificación final en enero.
Las impugnaciones judiciales inspiradas por Trump y los retrasos en la certificación podrían hacer que un estado no cumpla el plazo de presentación. Esto podría dar pie a objeciones republicanas en el Congreso.
Algunos expertos en derecho electoral advierten de que es difícil predecir cómo podrían resolverse las nuevas disputas legales sobre la certificación, especialmente si son manejadas por jueces que simpatizan con las demandas de Trump.
EL CONGRESO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
Después de las elecciones de 2020, el Congreso aprobó una ley de reforma que hace más difícil para el candidato montar el tipo de desafío que Trump intentó.
Deja claro que el vicepresidente, que en este caso sería Harris, no tiene autoridad para retrasar la certificación nacional o anular los resultados de un estado, como Trump instó a Pence a hacer en 2020.
La medida también exige que no se pueda presentar una objeción al recuento electoral de un estado a menos que una quinta parte de los miembros de cada cámara del Congreso esté de acuerdo. Después de eso, se necesita una mayoría de votos en cada cámara para que una objeción se considere válida.
En el improbable caso de que se impugnen suficientes votos electorales como para que ninguno de los candidatos alcance la mayoría necesaria, la Cámara de Representantes recién elegida designaría al próximo presidente.
REVUELTA CIVIL
Cualquier intento de Trump de sugerir que las elecciones fueron amañadas podría provocar disturbios civiles, como ocurrió el 6 de enero de 2021.
Los expertos que vigilan a los grupos militantes de derecha, como Peter Montgomery, de People For the American Way, un think tank liberal, dicen que están menos preocupados por una respuesta violenta de estos grupos que por las amenazas contra los trabajadores electorales que cuentan los votos.
También podría haber manifestaciones violentas en las capitales de los estados disputados, dijo Montgomery.
Cientos de personas implicadas en el ataque del 6 de enero contra el Capitolio han sido condenadas y encarceladas por sus acciones, un poderoso elemento disuasorio para otros que puedan estar pensando en llevar a cabo acciones similares.
Con información de Reuters
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