Esta semana, la comisión directiva de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), presidida por la defensora del Pueblo de CABA, la Dra. María Rosa Muiños, junto al vicepresidente segundo, el defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, solicitaron a la Secretaría de Energía de la Nación que deje sin efecto de forma inmediata la Resolución n° 216/24, que dispuso la desregulación y liberación del precio del gas envasado.
Además, la entidad que reúne a todos los defensores del Pueblo del país pidieron que se implementen medidas graduales, "que contemplen, no solamente la grave situación socioeconómica actual de los argentinos, sino también, las bajas temperaturas que se dan en todo el país, con fríos inusuales que no se habían dado en los últimos 6 años, y que hace que en los hogares deban consumir más de dos garrafas de 10 kg por mes para cocinar o calentar agua, entre otras actividades habituales".
Por otra parte, el escrito que presentó la comisión directiva de ADPRA hizo hincapié en que prácticamente la mitad de los argentinos depende del gas envasado: "Más de 20 millones de personas no cuentan en la actualidad con el servicio de gas natural", y denunció los sobreprecios: "Para comprar una garrafa de 10 o 15 kg se encuentran pagando sumas abusivas que varían según las fraccionadoras y distribuidoras".
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Formosa señaló que la industria del gas licuado se rige por la Ley N° 26.020, en cuyo cuerpo normativo se establecen los precios máximos de referencia. "Lo que hizo el Gobierno nacional fue volver al texto original que establecía precios de referencia, sin la palabra máximo", explicó Gialluca, y agregó: "Esto no significa que estemos ante un mercado desregulado porque, aunque esos precios de referencia no tienen hoy tope máximo, hay que tenerlos en cuenta".
Según detalló el integrante de ADPRA, la referencia que estableció la Secretaría de Energía es de $8.500 la garrafa de 10 kg, pero este precio puede llegar a fluctuar considerablemente, si se tienen en cuenta los costos de transporte y logística, que pueden llegar a elevar el precio de la garrafa hasta alcanzar los $11.000 a $12.000.
Ante este panorama, la comisión directiva de ADPRA solicitó al Gobierno nacional que fiscalice a las más de 28 empresas fraccionadoras de gas, que van desde grandes industrias hasta cooperativas. Además, a la Secretaría de Energía de la Nación en particular se la conminó a que arbitre las medidas necesarias para que la garrafa de 10 kg sea considerada como un servicio esencial o público.
Garrafas a precios populares
Luego de la desregulación del gas envasado, la garrafa en Formosa presentó subas de entre $2.000 y $4.000, tanto para la compra en planta como para el delivery. Sin embargo, el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña, que promueve el Gobierno provincial, mantiene el precio establecido y ofrece los tubos de 10 kg a $7.500, convirtiéndose en el precio más accesible en la ciudad capital.
Cabe recordar que el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña tiene en venta más de 70 productos locales de 12 rubros distintos, y en ella participan más de 40 PyMEs. Las frutas y verduras frescas son aportados por familias paipperas, que cambian paradigmas de consumo, asegurando el acceso a alimentos sanos y de calidad. Además, en sus puestos fijos se pueden encontrar productos de limpieza, productos de Nutrifor, panadería, y la garrafa de REFSA Gas.
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