La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto que establece un régimen de seguridad sanitaria de los pacientes, denominada “Ley Nicolás”, que establece el marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura, que respete la dignidad de los seres humanos.
En la última sesión del período ordinario convocada para aceptar las licencias y renuncias de legisladores, el plenario legislativo sancionó por 149 votos, y una abstención, el dictamen que está basada en dos proyectos de los diputados Mónica Macha (FdT) y Fabio Quetglas (UCR) sobre calidad y seguridad de atención sanitaria.
A pedido de Quetglas se incorporó el tratamiento sobre tablas del despacho de las comisiones de Salud y Presupuesto, y ahora el Senado lo podrá tratar en el 2024 cuando comienzo el período de sesiones ordinarias que está previsto el 1 de Marzo del próximo año, ya que para analizarlo antes deberá ser incluido en las sesiones extraordinarias que convocará el Poder Ejecutivo desde el próximo lunes.
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La iniciativa busca asegurar "el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud".
A lo largo del dictamen se determina que, para garantizar el derecho a una atención sanitaria de calidad y segura, se deberá promover la gestión de la calidad y la evaluación sistemática, la creación y adopción de instrumentos y dispositivos en la estructura orgánica-funcional, tendientes a desarrollar una cultura de calidad y seguridad de la atención.
También la denominada "Ley Nicolás", fruto del reclamo por la muerte por mala praxis de un joven, busca mejorar la transparencia de la información referida a los procesos de atención sanitaria y fomentar procedimientos para la identificación y el análisis de riesgos relacionados con procesos sanitarios que resulten en daños prevenibles.
Además busca promover la creación de espacios de participación ciudadana en la estructura orgánico-funcional de las instituciones de salud para asegurar el acceso a los derechos de las personas usuarias y de los pacientes.
El despacho de mayoría establece que se deberá promover un trato en la atención de la salud, recíproco y centrado en las personas con perspectiva de derechos humanos, la bioética y la equidad de géneros.
Con información de Télam
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