Las familias de la denominada Casa Santa Cruz, del barrio porteño de Parque Patricios, lograron llegar a un acuerdo esta tarde para que se postergue el desalojo judicial por seis meses y se abra una mesa de diálogo con representantes gubernamentales para encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas -entre ellos cien niños y niñas- que viven en el edificio, quienes celebraron la noticia con aplausos y cánticos de "Vivienda sí, desalojo no".
Como parte del acuerdo alcanzado, el gobierno porteño realizará durante esos seis meses un pago al propietario del edificio, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, para que “no presione y tolere el plazo de tiempo” hasta que las personas consigan una vivienda alternativa y puedan irse del lugar, informó a Télam Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires.
"Es un desenlace positivo para los integrantes de la Casa y es el resultado de la lucha que venimos llevando", resaltó Abasto, uno de los dirigentes que acompañaron a las familias de la Casa Santa Cruz esta mañana en medio del megaoperativo policial desplegado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo el desalojo que había dispuesto el juez Fernando Cesari.
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También se hicieron presentes legisladores nacionales y porteños; la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham; el asesor tutelar Gustavo Moreno; integrantes del Instituto de la Vivienda porteño y referentes de agrupaciones políticas y sociales.
“Se va a firmar un acuerdo que implica, en principio, la suspensión del lanzamiento. El juez retira el oficio de mandamiento -el instrumento con el que se hace el lanzamiento-, eso nos da la seguridad de que no se va a hacer el desalojo próximamente y se va a construir una mesa de trabajo con Ciudad -y estamos trabajando para que Nación también- para producir una solución definitiva al conflicto", precisó Abasto.
El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en la calle Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios, y allí viven actualmente unas 350 personas, entre ellas más de 100 niños, niñas y adolescentes.
Se trata de un edificio de seis pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década del '90, y donde fueron instalándose familias desde 2004. Hoy la edificación cuenta con servicios de agua, luz y cloacas.
Esta mañana, a instancias de la orden de desalojo dispuesta por la Justicia, la Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo que incluyó el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos.
"Estamos tratando de conformar una mesa de diálogo, sabemos que hubo otras, pero vamos a intentar que ésta funcione, donde estarían el gobierno de la Ciudad, que es la primera responsable de resolver el problema habitacional, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que el juez vea que hay garantías para levantar el desalojo o suspenderlo, o que pueda hacerse de forma escalonada. Las familias quieren vivir dignamente", había anticipado esta mañana Marisa Graham.
"Los niños viven acá, van a las escuelas de la cercanía, les falta poco para terminar la escuela. ¿Dónde van a ir esos nenes? Yo, como defensora de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no voy a permitir que los niños y las niñas vayan ni a un parador ni a un hotel. No son condiciones dignas", expresó la funcionaria nacional.
Asimismo, el diputado nacional Itai Hagman (Unión por la Patria) manifestó que este conflicto es de "larga data", y que "ya hubo otros intentos de desalojo del edificio".
"Lamentablemente siempre pasa lo mismo. Esta es la única respuesta que hay del Estado, en este caso a través del Poder Judicial pero también del gobierno de la Ciudad, que es el desalojo, cuando lo que se está reclamando es una solución habitacional a las más de 100 familias", afirmó.
Hagman también sostuvo que "uno esperaría que un gobierno, en lugar de mirar cuál es el negocio que puede hacer un privado, piense en cómo se resuelve la situación habitacional".
En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos Berenice Iañez aseguró que "en los 13 años del juicio de desalojo el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ofreció ni acercó ninguna solución definitiva para garantizar la vivienda digna a las familias que hoy viven en la Santa Cruz. Frente a la ausencia de una propuesta y la resolución del juez que planteó el desalojo estamos acompañando a las familias".
"Las familias hicieron todo lo que se les fue pidiendo: se constituyeron como cooperativa, se inscribieron para la 341, para la autogestión para la construcción de vivienda. Siempre presentaron vocación de querer contribuir en la solución del problema", opinó.
Además, informó que existe un proyecto presentado en la Legislatura porteña para declarar al inmueble de uso público y establecer su expropiación, pero aún no se logró que tenga su tratamiento en comisiones.
Su par María Bielli también expresó que esperan "que haya voluntad de resolución. Creo que esta es una política sistemática del gobierno porteño de abandonar a su suerte a todos aquellos y aquellas que lo que reclaman es una solución habitacional definitiva en una ciudad que se encargó de expulsarlos. Esto es una muestra más de cómo se prioriza la especulación y el negocio inmobiliario por sobre el derecho básico elemental de acceso a la vivienda".
Ayer por la tarde se realizó un festival y vigilia en apoyo a las familias que viven el lugar, algunas de ellas desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140.
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil número 60.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició el juicio por desalojo que hoy se encuentra en instancia de ejecución.
"Es terrible no saber lo que va a pasar", dijeron las familias de Casa Santa Cruz este fin de semana, cuando sabían que el desalojo era inminente.
Con información de Télam
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