(Agrega información y testimonios)
Las familias de Casa Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios, realizaron esta tarde un festival y organizaron una vigilia ante el "inminente desalojo" previsto para mañana en este edificio de seis pisos donde viven alrededor de 350 personas que, según el Ministerio de Seguridad porteño, implicará "una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años".
“La expectativa es que nos den una solución, no nos queremos ir de la anoche a la mañana, hay niños estudiando y niños en la escuela, y ellos van a perder eso. ¿Cómo los vamos a llevar si no tenemos donde vivir? Ellos son argentinos”, dijo a Télam Luis Antonio, quien realiza changas en la calle, llegó desde Perú en el año 2000 y tiene cuatro hijos, dos mayores de edad, y otros dos de 3 y 4 años.
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Afirmó que ellos quieren “una vivienda digna para poder vivir. Hace 10 u 11 años atrás hicieron una subasta del edificio y ahí empezaron con la amenaza del desalojo”.
“La única pena es que nos echen de acá, con los chicos no te recibe nadie. Es caro, ya no es como antes”, aseguró, y contó que sus hijos más grandes trabajan y la hija lo hace en la calle como él.
Por su parte, Yisenia (42) es diabética insulinodependiente y tiene un hijo de 12 con discapacidad.
“Nosotros siempre quisimos quedarnos acá, no queremos vivir gratis y somos una cooperativa para lograr eso”, expresó.
Remarcó que la Casa Santa Cruz la encontraron “totalmente vacía, no había luz, ni agua, ni servicios higiénicos, queremos tratar de estar cada día mejor”, y añadió que “hasta ahora no hubo ningún tipo de solución, queremos una opción para ir pagando algo”.
Según señalaron a Télam, la mayor preocupación que tienen las familias son los niños y niños, que suman entre “200 y 300”.
En el festival participa una murga y hay platos típicos peruanos para que puedan degustar los compañeros de varias organizaciones sociales y políticas que respaldan a las familias como el Polo Obrero, el Movimiento Territorial Latinoamericano (MTL), Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC), La Cámpora, CTA y Coordinador de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA).
También está previsto la participación de los vecinos participarán con algún show, mientras que para la vigilia “nos quedaremos todos custodiando; no hay horarios para el desalojo y desde las 6 de la mañana tendremos que estar atentos para lo que se venga”, sostuvo Yisenia.
A través de un comunicado en las redes sociales las familias advirtieron que no bajarán "los brazos ahora, no vamos a regalar nuestro derecho a un sector vil y especulador ni a una lógica de ciudad que nos expulsa por pobres".
"Así como construimos nuestras viviendas, nuestra cooperativa en un sueño colectivo, también construiremos la solución. ¡Vivienda sí, desalojo no!", expresaron los vecinos que conformaron la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
El edificio, donde viven 170 familias, es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que en la década de 1990 quebró.
El excomplejo fabril de seis pisos, que se encontraba "deshabitado y desarreglado" cuando en 2004 algunas familias decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas gracias al esfuerzo de los y las vecinas.
En 2010, la propiedad fue subastada y, pese al intento de las familias de comprarla, finalmente fue adquirida por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.
En el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60, el pasado jueves las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes.
Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma "escalonada" y se autorizó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales "ante la complejidad del caso".
El Ministerio de Justicia y Seguridad porteña advirtió que "la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años" debido a "la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión", mientras sostuvo que "no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan".
Con información de Télam
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