Con una única provincia argentina, La Pampa, que logró cambiar el sistema educativo en el que todos los estudiantes con y sin discapacidad, concurren a las escuelas comunes, y las especiales solo funcionan de apoyo, una abogada especializada en discapacidad pide al próximo gobierno que se garanticen los derechos en materia laboral, educativa y de salud de personas con discapacidad.
"En vísperas del día internacional de las personas con discapacidad, los principales desafíos que afrontará el nuevo gobierno electo es adecuar el sistema educativo conforme a la ley 26378 (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) para garantizar un sistema inclusivo", apuntó a Télam la abogada doctorada en discapacidad, Romina Núñez, fundadora de la Asociación civil Iberoamericana de Tecnologías de apoyo a la discapacidad (AITADIS).
Como madre de un niño de 8 años con discapacidad intelectual y autismo, Núñez refirió que en la Argentina conviven dos modalidades educativas, la común y la especial.
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Sobre la coyuntura actual, la letrada explicó que muchas escuelas comunes piden a las infancias con discapacidad que concurran a instituciones educativas especiales porque, aducen, falta de cupos o capacitación específica.
"Hay que poner fin a la discriminación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. La provincia de La Pampa es el único referente en el país y en mundo, respecto al cambio del sistema educativo; tienen escuelas comunes para todas las infancias y las especiales solo funcionan como apoyo a esas instituciones", contó Núñez, quien agregó que muchas localidades, como Magdalena (provincia de Buenos Aires) tiene una sola escuela especial.
Otra realidad con la que conviven varias provincias, es que las escuelas especiales suelen tener matrículas muy reducidas de cinco infancias por aula.
Además de haber presentado un proyecto de ley al Congreso de la Nación en el que propone se realice capacitación docente en discapacidad, Núñez mencionó otros desafíos que tiene por delante el Estado nacional y debe garantizar en materia de derechos humanos.
"Se debe cumplir con el cupo laboral del 4%, según establece la ley 22431, realizar estudios estadísticos en discapacidad, porque recordemos que el último censo, excluyó a las personas con discapacidad. Esto permitiría poder planificar políticas públicas para saber no solo cuántas personas son, sino también dar cuenta de si están excluidas del sistema educativo, laboral y de salud", explicó.
A su vez, el conjunto de las personas con discapacidad de las organizaciones mencionadas piden por una readecuación del sistema de prestaciones en discapacidad, según establece la ley 24.901 y actualización del nomenclador nacional res 428/99.
"Cada vez nos cuesta más encontrar profesionales que atiendan a nuestros hijos; una sesión de un profesional se está pagando 5900 pesos por hora y lo cobran dentro de tres meses. Mientras que la atención particular, cobran el triple", contó Núñez, quien representa a varias familias en esta situación.
Respecto a la asistencia personal, contemplada en la ley 24.901, que figura como asistencia domiciliaria, "al no estar en el nomenclador, no existe un valor de referencia y las obras sociales pueden no aceptarla o pagar 500 pesos".
"El asistente personal garantiza la vida independiente, por fuera del círculo personal de la persona con discapacidad, es fundamental, pero hasta lo que se explicita en la Ley no se cumple, y terminan accediendo a estas prestaciones quienes tienen recursos para judicializar", aclaró.
Con información de Télam
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