Este martes, el Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, conmemoró un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos en el Espacio Provincial de la Memoria, donde inauguró tres nuevas salas y realizó la firma de tres importantes convenios. Durante la última dictadura cívico militar, allí funcionó el edificio de la ex Policía Federal y el primer centro clandestino de detención de la provincia. En la actualidad, el edificio está destinado a la preservación de la memoria y la promoción de los derechos humanos, y es considerado patrimonio arquitectónico.
En la jornada de este martes, la vicegobernadora Teresita Madera encabezó un emotivo acto, en donde se inauguraron las salas “10 de Diciembre”, “24 de Marzo” y “4 de Agosto”, y se firmaron tres importantes convenios de colaboración para promover y garantizar los derechos humanos. El primero de ellos fue firmado entre el Gobierno de La Rioja, la CGT y la CTA, con el fin de capacitar a funcionarios y agentes de la Administración Pública en derechos humanos, conforme a la Ley 10.634. El segundo convenio fue firmado entre los Ministerios de Seguridad y Educación, con el propósito de crear equipos técnicos especializados para implementar el Programa Provincial de Educación en Memoria y Derechos Humanos, también conforme a la Ley 10.634; mientras que el último acuerdo fue firmado entre los Ministerios de Seguridad y Cultura para implementar el Plan Provincial de Cultura y Memoria, según la Ley 10.736, que promoverá la memoria histórica a través de diversas actividades culturales.
"Firmar estos convenios demuestra el significado de un Gobierno comprometido, con un gobernador como Ricardo Quintela, que prioriza a las personas. En un contexto donde el Gobierno nacional vulnera derechos básicos, desde La Rioja reafirmamos nuestra lucha por la memoria y la justicia, porque no puede haber democracia sin derechos humanos", manifestó la vicegobernadora. Por otra parte, también se aprovechó la ocasión para anunciar la continuación de la remodelación del edificio, y se presentó el Programa de Capacitación en Derechos Humanos (Ley 10.634), un manual digital para que las y los empleados de la administración pública provincial y de organismos descentralizados se capaciten en la temática. El objetivo de esta iniciativa es la formación transversal en derechos humanos para la prevención de la violencia institucional, el negacionismo, el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia.
A su turno, el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, destacó: "Frente a la maquinaria de destrucción y desesperanza que vivimos a nivel nacional, aquí estamos restaurando la maquinaria del amor, la alegría y la unidad. Este Espacio de la Memoria simboliza nuestra resistencia frente a la desolación, con el apoyo de nuestras queridas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que son el corazón de esta lucha". Además, resaltó la recuperación del Espacio Provincial de la Memoria, el cual se sigue ampliando gracias a la inauguración de las nuevas tres salas. "Este lugar, construido desde el dolor y la lucha, sigue creciendo. Hoy anunciamos la ampliación de una nueva sala, porque aquí le ganamos a la destrucción y a la muerte", concluyó el funcionario. La jornada conmemorativa finalizó con la entrega de la declaración de interés provincial por el Día Mundial de los Derechos Humanos, y posteriormente se realizó una emotiva intervención artística, a cargo de Carlos Ferreyra.
Más detalles sobre el Espacio Provincial de la Memoria
La delegación de la Policía Federal, ubicado en la calle Adolfo Dávila 179, en pleno centro de la ciudad capital, fue el primer Centro de Detención y Tortura de la provincia de La Rioja, que funcionó bajo esta modalidad entre 1975 y 1976. En el año 2015, este Centro de Detención y Tortura fue señalizado como sitio de Memoria, en el marco de la Ley Nacional 26.691.
En 2016, José Bernaus y Roberto Ganem, quienes fueran jefe y subjefe de la Delegación, fueron condenados a 16 años de cárcel por los delitos allí cometidos. Sin embargo, meses después, organismos de derechos humanos locales advirtieron que el cartel de señalización había sido retirado. Sin haber notificado al Estado, el predio fue vendido y los nuevos dueños se disponían a demolerlo para instalar allí una playa de estacionamiento.
Gracias al intenso trabajo de los organismos por los derechos humanos, en diciembre de 2016 la Legislatura Provincial aprobó la expropiación del inmueble declarándolo, mediante ley provincial N° 9.926, “de utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia”, para ser destinado al funcionamiento del Espacio Provincial de la Memoria y "para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la provincia”. Cuatro años después, en 2020, se concluyó el trámite administrativo de expropiación y el Estado provincial tomó posesión del edificio, que actualmente está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos.
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