El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo el miércoles que pedirá una orden de detención contra el líder militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, por crímenes contra la humanidad en la presunta persecución de los rohinyá, una minoría mayoritariamente musulmana.
Un portavoz de la junta gobernante de Myanmar no respondió a las llamadas de Reuters tras el anuncio. Reuters solicitó comentarios al gobierno militar por correo electrónico.
Un millón de rohinyá huyeron, la mayoría a la vecina Bangladés, para escapar de una ofensiva militar de Myanmar lanzada en agosto de 2017, una campaña que los investigadores de la Naciones Unidas han descrito como un ejemplo de libro de limpieza étnica.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Según los investigadores de la ONU, soldados, policías y aldeanos budistas arrasaron cientos de aldeas en el remoto estado occidental de Rakáin, torturaron a los residentes mientras huían, llevaron a cabo asesinatos en masa y violaciones en grupo.
Myanmar ha negado las acusaciones, afirmando que las fuerzas de seguridad realizaron operaciones legítimas contra militantes que atacaron puestos policiales. Más de un millón de refugiados viven ahora en la miseria en campos de Bangladés.
Tun Khin, presidente de la Organización Birmana Rohinyá de Reino Unido, dijo que la decisión de la fiscalía supone un día de celebración para los rohinyá. "Por fin hemos dado un paso más hacia la justicia y la rendición de cuentas", afirmó.
Zin Mar Aung, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional en la sombra de Myanmar, calificó la solicitud de momento crítico en la historia. "Debe rendir cuentas por todas las vidas inocentes que destruyó y las familias que destrozó", afirmó en las redes sociales.
Un grupo de tres jueces decidirá ahora si considera que hay "motivos razonables" para creer que el general Min Aung Hlaing tiene responsabilidad penal en la deportación y persecución de los rohinyá en Myanmar y Bangladés. No hay un plazo establecido para su decisión, pero por lo general se tarda unos tres meses en dictar una orden de detención.
(Reporte adicional de Poppy McPherson; escrito por Tassilo Hummel y Anthony Deutsch; editado en español por Carlos Serrano)
Cerrar sesión