La fiscalía y la querella solicitaron hoy condenas de 5 a 12 años de prisión para los acusados en el juicio a una red de explotación sexual de víctimas de trata en una zona de frontera con Brasil que afectó al menos a 36 personas entre el 2010 y el 2015 en la ciudad correntina de Paso de los Libres, informaron fuentes judiciales.
En sus alegatos, el fiscal federal Carlos Schaefer y la defensora oficial Rosana Marini, en representación de las víctimas, pidieron la pena de 12 años de prisión para Rosana Rodríguez, el empresario Ricardo Aguirre y el comandante principal de Gendarmería José María Viero (ya retirado de la fuerza).
Mientras que la querellante solicitó se condene a Ricardo Gustavo Aguirre (hijo) a 12 años de prisión, el representante del ministerio público fiscal propuso 8 años.
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Por otra parte coincidieron en pedir para el abogado Dionisio Velasco, María Clelia Ramona Espada, Silvio Antonio Dos Santos, Juan Ramón Carpe, Juan Manuel Schell, María Gloria Ponce y Rafael González, 8 años de prisión a cada uno de ellos y para Claudia María Dos Santos, 5 años de cárcel.
Todas estas personas fueron consideradas miembros de una asociación ilícita con diversos roles en la autoría, coautoría o participación necesaria en los delitos de "trata de personas, mediante la captación traslado acogimiento con fines de explotación sexual, agravado por la situación de vulnerabilidad, amenazas, violencia, engaño, por la cantidad de personas, y por haberse consumado", indicaron los acusadores.
Asimismo, hubo un pronunciamiento coincidente en relación a las absoluciones de Jorge Antonio Lisasoain y Norma Rosalía Lanatta.
"Pido perdón a las víctimas de estos aberrantes delitos, a las que escuchamos aquí, a las que no pudimos escuchar, y a todas aquellas que alguna vez pasaron por este circuito prostibulario de Paso de los Libres; pero quiero tener y llevar esperanza. Y decir que, después de este juicio, se hará justicia", expuso en su alegato el fiscal federal Schaefer.
Ambas partes, la querella y la fiscalía, reclamaron también que las víctimas reciban una reparación económica, en el marco de una acción civil que, por ejemplo en el caso de la abogada Marini, propicie la concesión de puestos de trabajo.
Las víctimas, captadas en las provincias de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, de la misma Paso de los Libres e incluso de Paraguay y República Dominicana, eran mujeres vulnerables, al menos una de ella menor de edad al momento de ser absorbida por la red.
Fueron explotadas, en diversos periodos, entre los años 2010 y 2015, cuando se desbarataron una serie de locales nocturnos y un hotel donde se consumaban encuentros íntimos a cambio de dinero y donde las mujeres eran sometidas a diversas formas de violencia, según señala la acusación.
La particularidad de este proceso es que, desde el inicio, por disposición de la jueza que instruyó la causa, Cristina Pozzer Penzo, las víctimas tienen una abogada que representa sus intereses, para lo cual fue designada la defensora oficial Rosa Marini ante el Juzgado Federal de Goya.
Además es el primer juicio federal que se sustancia en Corrientes con participación de esta figura para velar por la representación directa de quienes sufrieron los delitos investigados.
Así lo señalaron hoy fuentes de la causa, que destacaron que a lo largo del debate fueron escuchados o bien, se incorporaron por lectura, los testimonios de al menos 50 personas.
El debate, coordinado por los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra (subrogante de Misiones), continuará la semana entrante con las réplicas de los abogados defensores a los alegatos.
Con información de Télam
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