El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, rechazó el martes las acusaciones de los republicanos de la Cámara de Representantes de que se había politizado el sistema de justicia penal en un intento de impedir que Donald Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca.
En un testimonio desafiante, Garland dijo a los legisladores que no permitirá que la política interfiera en las investigaciones criminales independientes del Departamento de Justicia, y los acusó de vender teorías conspirativas que podrían poner en peligro a los agentes de la ley federal.
"No me dejaré intimidar", dijo Garland a los legisladores ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. "Y el Departamento de Justicia no se dejará intimidar. Seguiremos haciendo nuestro trabajo libres de influencias políticas. Y no retrocederemos en la defensa de nuestra democracia".
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El martes fue la primera vez que Garland compareció ante el Congreso desde que un jurado de Manhattan condenó al candidato presidencial republicano y expresidente Trump por 34 cargos de falsificación de documentos para encubrir un pago que silenció a una estrella porno antes de las elecciones de 2016.
Trump aún se enfrenta a otros tres casos penales estatales y federales -dos presentados por el abogado especial Jack Smith sobre sus esfuerzos para anular los comicios de 2020 y su mal manejo de documentos clasificados- y un caso estatal en Georgia también vinculado a sus acciones en la carrera a la Casa Blanca de 2020.
Los republicanos dicen que los cuatro casos tienen motivaciones políticas y representan un esfuerzo del rival de Trump, el presidente Joe Biden, para interferir en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Asimismo, amenazan con desfinanciar las dos investigaciones de Smith sobre Trump.
"Muchos estadounidenses creen que ahora hay un doble rasero en nuestro sistema judicial", dijo el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, de Ohio. "Lo creen porque lo hay".
Garland acusó a los republicanos de hacer "afirmaciones falsas de que el veredicto de un jurado en un juicio estatal, llevado por un fiscal de distrito local, fue de alguna manera controlado por el Departamento de Justicia. Esa teoría de la conspiración es un ataque al propio proceso judicial".
(Editado en español por Carlos Serrano)
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