Las familias afectadas por el derrumbe de una vivienda lindante a una obra en construcción en el barrio de Caballito, por el cual murieron dos hermanos, fueron recibidas hoy por funcionarios del Gobierno de la Ciudad y analizaron la posibilidad de exigir a la empresa a cargo del proyecto inmobiliario que financie una “solución habitacional” temporal hasta que puedan recuperar sus casas.
La reunión se llevó adelante en la sede del Ejecutivo porteño en Parque Patricios, donde estuvieron presentes el jefe de Gabinete Néstor Grindetti y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
“A once días del derrumbe, sentimos que es la primera vez que toman el tema con mayor responsabilidad”, admitió en declaraciones a Télam Ingrid Vadala, una de las personas damnificadas que habitaba en el PH situado al lado de la obra de Pedro Goyena al 500 que colapsó el 8 de febrero pasado.
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Desde esa fecha, unas 13 familias quedaron sin hogar a consecuencia del derrumbe de una de las viviendas que integraba un complejo de PH y aún permanecen sin regresar a su domicilio por el peligro que representa el estado del edificio.
“Queremos entrar a sacar las cosas básicas”, explicó la mujer que formó parte del grupo que concurrió a la sede de Gobierno y que contó que estimaron que demorarán unos ocho meses en regularizar su situación habitacional.
Fuentes oficiales de la Ciudad señalaron a Télam que en la reunión se abordaron “las necesidades de las familias y las formas en que se podía llegar a una solución”, por lo cual determinaron que el tema quedará bajo la coordinación de la Dirección General de Asistencia a la Víctima, que depende de la cartera de Justicia.
Indicaron, también, que establecieron un cronograma para que las familias puedan acceder a retirar sus pertenencias de las viviendas siniestradas, para lo cual trabajarán en conjunto la Fiscalía y Defensa Civil para desplegar una pasarela que posibilite el acceso a los inmuebles.
No obstante, las familias reconocieron que sus propiedades deberán ser demolidas y que, en un plazo estimado en al menos ocho meses, recién podrán contar con una nueva propiedad disponible para habitar.
Mientras ello ocurra, la idea que sobrevoló la reunión con los funcionarios porteños fue que la constructora que provocó el desmoronamiento de los suelos se haga cargo del financiamiento de la cuestión habitacional de los damnificados.
“El Gobierno porteño planteó que van a exigirles que nos den una vivienda o que nos paguen un alquiler. Se tienen que hacer cargo porque nosotros no elegimos estar en esta situación”, remarcó.
A causa del derrumbe, murieron dos hermanos: Nélida, una mujer de 75 años, y Ramón, un hombre de 82, ambos habitantes de la misma vivienda.
Según informaron fuentes del Gobierno porteño a Télam, el alcalde Jorge Macri recibió a los hijos de Nélida el viernes pasado, en la sede de la calle Uspallata y, durante la reunión, "se puso a disposición" de ambos.
Ese mismo día, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, instruyó a la Fiscalía 22 para que investigue si existieron "irregularidades en la inspección y habilitación de la obra" en construcción.
La Agencia Gubernamental de Control, que depende del Ministerio de Justicia, es la encargada de inspeccionar las obras y sus instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, electromecánicas, de elevación vertical, térmicas, inflamables, incluyendo sistemas de prevención de incendios través de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció, el mismo día del derrumbe, que ya había advertido al Gobierno porteño sobre "irregularidades de la obra lindante a las viviendas" que se derrumbaron.
Con información de Télam
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