La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice la oferta educativa en escuelas para personas con discapacidad, mayores de 22 años de edad, en una medida que busca revertir la decisión adoptada por la administración local de recortar los fondos para la formación de esa población de estudiantes.
El fallo del titular del Juzgado 23 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, hizo lugar a un amparo interpuesto por padres de los alumnos afectados por la disposición que rige desde el ciclo lectivo del 2022 del Ministerio de Educación porteño tras evaluar que “violó el derecho a la participación de la comunidad educativa”.
La resolución ministerial redujo la edad a 22 años como tope para el egreso de los estudiantes de las instituciones escolares que existen en el distrito porteño, a las que asisten personas con discapacidad y en las cuales realizan talleres de repostería, panificación, carpintería, artesanías, huerta, soldadura plástica, educación física, música, danzas folklóricas y reforma de indumentaria, entre otros.
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La medida impactó en las familias de alumnos y alumnas que asistían a las escuelas especiales de formación laboral hasta los 30 años de edad ya que fueron notificadas pocos meses antes que aquellos que superaran los 22 años “dejarían de pertenecer al sistema escolar, sin posibilidad de continuidad en el ámbito de la Ciudad”, según expresaron ante la Justicia.
También, indicaron en el recurso de amparo que se vieron perjudicadas por la eliminación de los servicios adicionales como el del transporte desde y hacia los centros educativos de las personas con discapacidad y el de comedor y alimentación.
A dos años, la justicia porteña determinó que “corresponde ordenar al Gobierno porteño que garantice a las personas con discapacidad mayores de 22 años el ejercicio de su derecho a una educación inclusiva, organizando la oferta educativa en las escuelas para jóvenes y adultos con discapacidad en adecuación de modo que cumpla con los parámetros establecidos por el marco convencional, constitucional, legal y reglamentario”.
El magistrado ordenó "ofrecer cursos y talleres debiendo para ello cumplir tres condiciones: la existencia de vacantes disponibles para todas las personas interesadas; garantizar una carga horaria previsible y razonable de cursos y talleres, en términos de carga diaria y frecuencia semanal, y garantizar el servicio de transporte y alimentación”.
El año pasado, el colectivo de estudiantes, docentes y familias "Unidxs por la Educación Especial" presentó en la Legislatura porteña un proyecto para "garantizar las trayectorias educativas" en la red de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad a partir de los 6 años y sin límite de edad.
Con información de Télam
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