La justicia de San Luis dicto hoy prisión preventiva a Melanie Castro y a su pareja, Edgar Sánchez, imputados por la muerte de la beba de 10 meses e hija de la mujer, que fallecido el domingo pasado por una fractura en el cráneo, informaron fuentes judiciales.
En la audiencia de formulación de cargos, que tuvo lugar este miércoles en la Sala de Oralidad N° 2 de Tribunales, tanto la mujer, de 23 años, como su pareja, de 32, fueron acusados de homicidio calificado por el vínculo y homicidio simple, respectivamente, en calidad de coautores.
La Fiscal N° 1, María Eugenia Zabala Chacur, argumentó en la audiencia que la medida era necesaria para cautelar la investigación, citando riesgos de entorpecimiento del proceso y obstaculización de testimonios, especialmente de familiares directos de la pareja.
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Además, mencionó el peligro de fuga debido a que las penas en expectativa son de prisión perpetua para la mujer y una pena de cumplimiento efectivo para Sánchez.
La acusación se basa en los hechos ocurridos el pasado 8 de octubre, cuando la bebé fue llevada por su madre al Hospital Cerro de la Cruz desvanecida y sin signos vitales.
El diagnóstico médico reveló una fractura de cráneo, hematoma subdural, hematoma en el rostro y otro en el pie derecho.
La niña falleció el 15 de octubre a causa de un traumatismo de cráneo, según determinó la médica forense Marcela Gómez.
Durante la audiencia, la fiscal detalló que el incidente tuvo lugar en el domicilio de Sánchez, ubicado en el Barrio 208 Viviendas, lugar que frecuentaba Castro durante los fines de semana con su beba, ya que ella vivía en otro barrio de la ciudad de San Luis.
La Fiscal reconstruyó el evento y expresó que “la beba pudo haber sufrido una fuerte golpiza o una fuerte caída, provocando la fatal fractura de cráneo, que derivó en una hemorragia aguda cerebral y la muerte”.
En tanto, los defensores públicos de la mujer como de su pareja, se opusieron al pedido de prisión preventiva, cuestionando como prematura la acusación.
De esta manera, el juez Bustamante Marone, respaldó la acusación de la Fiscalía, subrayando el riesgo cierto de entorpecimiento de la investigación y señaló la necesidad de salvaguardar la evidencia, vital para acreditar la teoría de la Fiscalía. La medida coercitiva de 120 días fue dictaminada atendiendo a la entidad del delito.
Con información de Télam
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