(Por Néstor Llidó) El 83,5 por ciento de los hombres acusados de ejercer violencia de género con uso de armas no tenían permiso de portación, de acuerdo a datos oficiales, y en los 226 femicidios identificados en 2022 por el registro de la Corte Suprema, el asesino uso armas para matar a 56 mujeres, situación analizada por organizaciones sociales que impulsan políticas restrictivas y de desarme.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) tiene la facultad, por uno de los artículos de la Ley de Armas y Explosivos, de "imponer sanciones y aplicar medidas precautorias a legítimos usuarios" y en esa reglamentación se hace especial hincapié en atender aquellos episodios vinculados a violencia de género y familiar.
De acuerdo al último informe del organismo, actualizado al 25 de septiembre de 2023, se han dictado un total de 5264 medidas precautorias, de las cuales 3082 (58,5%) obedecieron a razones de violencia de género y familiar.
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Pero de ese universo de sindicados agresores, identificados en comunicaciones oficiales, el 83,5% no eran legítimos usuarios de armas de fuego.
En el desglose de esas cifras, se especificó que 2.148 (69,6%) fueron por violencia de género, 777 (25,2%) relacionados con hechos de violencia familiar y de 157 (5,2%) no se posee un dato específico.
La Corte Suprema a través de la Oficina de la Mujer (OM) es el organismo que, según establece la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, realiza el relevamiento oficial de femicidios en el país.
En el último informe de la OM, con datos de 2022, se reveló que 18 femicidas eran integrantes de fuerzas de seguridad, 9 de los cuales utilizaron armas de fuego para cometer el crimen, siendo al menos 8 de ellas sus armas reglamentarias y 1 sin datos sobre su autorización.
Frente a esta situación, que si bien no es nueva, pero que se ha venido profundizando, distintas organizaciones de la sociedad impulsan un desarme de la población, como una medida para evitar muertes y violencia en general.
María Pía Devoto, directora de la Asociación para el Análisis de Políticas Públicas (AAPP), al analizar esta problemática, sostiene que "más allá de la cifras de femicidios que se cometen con armas de fuego, entre ellas las reglamentarias proveídas por el Estado a los miembros de fuerzas de seguridad, también está eso que consideramos la 'cifra invisible', es decir, cuando se utiliza el arma para ejercer poder, y porqué además está claro que las armas no protegen el hogar, sino que aumentan los riesgos en casos de violencia".
Los femicidas que pertenecen a fuerzas de seguridad (tanto en actividad, como retirados) ocupan un "lugar importante" en las estadísticas. Los datos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que en los últimos dos años cobraron mayor preponderancia.
Al respecto, Devoto aportó que "en 2021, de los 231 femicidios, el 62% fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas y 25 eran miembros de fuerzas de seguridad, quienes en su mayoría usaron las armas reglamentarias".
"En 2022, se registraron 226 víctimas, y el 59% de los victimarios fueron sus pareja o expareja, 18 de ellos pertenecían a fuerzas de seguridad sean federales o provinciales y la mitad usó la pistola asignada para matar", completó.
Como integrante de la Red Argentina para el Desarme (RAD), la especialista reflexionó: "Es un debate que venimos dando y tenemos que seguir planteando, insistiendo en que el arma reglamentaria tiene que quedar en la institución a la que pertenece mientras la persona no esté de servicio. Sabemos que es una situación muy difícil de cambiar, ya que es muy fuerte la relación con el arma de las fuerzas de seguridad".
"Hay cada vez más mecanismos para denuncias y de resoluciones internas en las fuerzas de seguridad en caso de denuncias de violencia de género, pero las medidas de protección no son suficientes y muchas veces llegan tarde", resaltó Devoto.
Sobre la iniciativa de la no portación de armas reglamentarias fuera de servicio, Julián Alfie, subdirector ejecutivo de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), expresó que "de las fuerzas federales, únicamente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que tiene la particularidad de haber sido creada en democracia durante el 2006, tiene desde sus inicios reglamentado que, salvo excepciones puntuales, los agentes sólo deben portar sus armas en las horas de servicio y dejarlas en el lugar de trabajo antes de salir. Esa es la regla, pero el resto nunca se adhirió a esta medida".
"Por lo tanto, se hace más que necesario implementarlo en general, ya que alrededor de 7 de cada 10 muertes de civiles por acción de las fuerzas de seguridad se da fuera del horario de servicio, una tasa que se repite para las muertes de los propios integrantes de las fuerzas de seguridad", remarcó Alfie.
En cuanto a la relación femicidios-desarme, el especialista se refirió a "la resolución 1212/2013 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que restringe el acceso a armas de fuego por fuera de las horas de servicio a los agentes denunciados por episodios de violencia de género y en casos graves, incluso dentro de las horas de servicio".
Según dijo, ese protocolo fue actualizado en 2020 y, si bien solo rige para fuerzas federales, algunas provincias dictaron algunos similares.
"Ese protocolo es un enorme avance, más allá de que sería deseable contar con estadísticas que muestren el nivel de cumplimiento y la efectividad del mismo. En nuestra última investigación, denominada "Cuando el macho dispara", recopilamos alguna información sobre eso en entrevistas a funcionarios a cargo de esas áreas", concluyó Alfie.
Con información de Télam
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