(Por Valeria Azerrat) La falta de una respuesta estatal a largo plazo para las personas en situación de vulnerabilidad habitacional favorece la aparición de circuitos informales de alojamiento, como los hoteles familiares, que carecen de condiciones óptimas para funcionar pero que cuentan con el financiamiento, directo o indirecto, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Así lo manifestaron a Télam referentes de organizaciones sociales y de organismos de control y seguimiento de políticas públicas al trazar un análisis sobre el nivel de alcance que tienen en la actualidad los programas sociales de asistencia a la población sin acceso a una vivienda que, de acuerdo con datos oficiales, crece en cantidad año tras año.
El diagnóstico surge tras la suspensión del desalojo de "Casa Santa Cruz", una exfábrica cerrada a inicios del 2000 en Parque Patricios, que fue ocupada por más de cien familias que necesitaban de un lugar donde habitar y que recientemente conformaron una mesa de trabajo con las autoridades locales para avanzar en una solución definitiva al tema.
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A través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la gestión porteña implementa desde 2006 el programa de "Apoyo para personas en situación de vulnerabilidad habitacional" que contempla la entrega de un subsidio mensual, que oscila entre los $35 mil y $50 mil, destinado a mitigar la problemática de los que viven y duermen en las calles.
Este plan alcanza a cerca de 11 mil familias, según cifras oficiales, y fue creado para sustituir la modalidad anterior mediante la cual el Estado giraba los fondos necesarios a los propietarios de hoteles y pensiones con el propósito de que alojen a las personas sin techo.
La modalidad fue denunciada en varias oportunidades tras reportes que indicaban que los dueños de las instalaciones "inflaban" el número de residentes para recibir más partida presupuestaria, por lo cual se fue acotando al punto que solo permanecen 80 familias
Sin embargo, los hoteles familiares continúan recibiendo un financiamiento del Estado, ya no de manera directa para cubrir los gastos de alojamientos, sino a través de los beneficiarios de los subsidios habitacionales que acuden a este tipo de lugares como opción de residencia ya que no demanda un costo elevado, como podría ser un alquiler formal que pueden hasta triplicar el monto del beneficio, depende el barrio.
Un relevamiento reciente de la Defensoría del Pueblo porteña detectó que de un total de 91 hoteles y pensiones familiares que reciben a personas que cobran subsidios, la mitad de los espacios visitados presentó situaciones de hacinamiento "exhibiendo casi un 20% de hacinamiento crítico"; en tanto que indicó que la mayoría está ubicado en los barrios de Constitución, Balvanera y Montserrat.
Alejandro Lorences, director de Derecho a Vivienda y Hábitat de la Defensoría, precisó que encontraron "condiciones edilicias con indicios de precariedad" con "filtraciones de agua, humedad, rajaduras y caída de mampostería", por lo cual "se puso en conocimiento el informe a distintas dependencias del Gobierno porteño para su intervención".
Según sostuvo, "existe una transferencia indirecta de los recursos del Estado hacia esos hoteles porque los paga la gente que cobra el subsidio", tras lo cual remarcó que el programa porteño "como respuesta habitacional, es claramente deficiente".
"El Estado es cómplice porque sigue financiando estos lugares. No es un problema de recursos en la Ciudad de Buenos Aires, sino de cómo se piensa la política pública", agregó.
El abogado Jonatan Baldiviezo, quien preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad, sostuvo que la gestión actual "no tiene política de emergencia habitacional", advirtió también sobre la existencia de más de 280 órdenes de desalojos de viviendas que están en curso y resaltó la ausencia de créditos colectivos para los sectores populares, los que están contemplados en una ley sancionada hace más de 20 años.
"Desde que llegó este gobierno en 2007 quedó cerrada la ley 341", aseguró en alusión a la normativa que prevé la entrega de subsidios o créditos a cooperativas y mutuales destinados a la compra o la construcción de inmuebles y agregó que tampoco el Estado adquirió terrenos para avanzar en políticas de viviendas sociales.
El diagnóstico empeora, según el abogado, con lo que "podría haber sido una buena política de Gobierno" para las personas en situación de calle o de vulnerabilidad habitacional, pero resultó "una solución que genera hacinamiento".
Baldiviezo se refiere a los Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires a partir de convenios alcanzados entre el Gobierno porteño con fundaciones u organizaciones no gubernamentales para tercerizar el servicio de alojamiento, alimentación e higiene de la población sin vivienda.
Según datos aportados por el Observatorio, en los CIS "se comparte una habitación con cuatro o cinco personas dependiendo del día, no cuentan con intimidad ni con la posibilidad de poder guardar sus herramientas y las personas denuncian que sufren maltrato y situaciones de violencia de los encargados".
"No se cumplen con los estándares, pero reciben un monto del Estado por persona, por día, y también perciben aparte una prestación económica adicional", precisó y sostuvo que, como único control de ello se exige "una declaración jurada" a las organizaciones.
Guido Loffreda, de la organización Soberana, consideró que "hay un abandono del Gobierno porteño de las personas que alquilan en los hoteles" y cuestionó que "además de no buscarles una solución definitiva y no transitoria" para la problemática habitacional, "tampoco haya un seguimiento y auditorías de esos lugares para ver en qué se invierten los fondos".
"El Gobierno de la Ciudad paga para que esas familias vivan dignamente con condiciones mínimas, pero los hoteles no tienen puertas, hay techos con humedad y conexiones riesgosas", alertó el referente de la organización que mantiene desde hace años un vínculo con las personas que habitan "Casa Santa Cruz" en el barrio de Parque Patricios, donde quedó suspendida por seis meses una orden de desalojo de sus habitantes.
Con información de Télam
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