La Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (Rennya) alcanzó en los últimos cuatro años a 1.558 niños, niñas y adolescentes y personas discapacitadas, hijos e hijas de 804 víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio, se informó hoy oficialmente.
El dato surge de una publicación realizada en el marco del quinto aniversario de la sanción de la Ley 27.452 que creó esta reparación.
El documento fue elaborado por la Comisión Permanente de Seguimiento (Copese), dedicada a su monitoreo y control, presidida por Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) e integrada por los otros organismos a cargo.
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Según los datos que abarcan marzo de 2019 y julio de este año, actualmente existen 1.257 titulares de Rennya y los registros indican que a medida que avanzó su implementación se redujo a 73 días corridos el tiempo del trámite para gestionar su alta contra el tiempo reglamentario previsto que es de 90 días hábiles.
Por otro lado, la edad promedio de las y los titulares es de entre 15 y 16 años, el mayor porcentaje tiene entre 13 y 17 años (29,6 %) y el 53% del total se identifica con el género femenino mientras que el 47% con el masculino.
Respecto de las personas con discapacidad, la mayoría tiene entre 21 años y más, seguidas por quienes tienen entre 6 y 12 años.
En relación con la distribución geográfica, la Rennya está presente en todas las jurisdicciones y la mayoría de las y los titulares se encuentran en la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco y Salta, resaltaron.
Esta reparación equivale a una jubilación mínima que se actualiza de forma permanente mediante el régimen de movilidad jubilatoria.
Fue aprobada en el Congreso de la Nación como una respuesta a la sociedad movilizada contra las violencias de género y, a partir de su sanción, el Estado está obligado a reparar y acompañar a las infancias y adolescencias y personas con discapacidad que son víctimas colaterales de estos delitos.
Como su autoridad de aplicación, Senaf trabaja desde el ámbito de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral en el establecimiento de normativas específicas, mecanismos y gestión de los recursos requeridos, articulando con el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar los derechos de las personas destinatarias.
Con información de Télam
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