La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y su adjunto,
Juan Facundo Hernández, reiteraron hoy su "profunda preocupación" por la "inseguridad social, alimentaria y habitacional" que enfrenta "una parte sustantiva de los más de 12 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan nuestro país".
"La defensora de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, y el defensor adjunto reiteran su profunda preocupación por la inseguridad social, alimentaria y habitacional en la que se encuentra una parte sustantiva de los más de 12 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan nuestro país", informó un comunicado del organismo.
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En vísperas del tratamiento en particular del proyecto de ley "Bases", Graham y Hernández advirtieron que "de aprobarse los artículos regresivos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, realizarán las acciones judiciales pertinentes en pos de hacer cumplir la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño".
En este contexto, transmitieron a los diputados un nuevo documento donde se les señala como necesario "contar con una fórmula automática y suficiente de actualización de los montos de las prestaciones: Asignación Universal por Hijo (atada a la movilidad jubilatoria), la que alcanza a 4.094.620 niñas, niños y adolescentes.
A su vez, observaron que "al momento, no se han implementado ni anunciado aumentos de las Asignaciones Familiares para hijos de trabajadores/as registrados, que alcanzan a 5.526.194 niños, niñas y adolescentes, y cuyo monto es muy inferior a los de la AUH".
Respecto a la inseguridad alimentaria, la defensora "ha interpuesto una acción judicial para la garantía de alimentos a comedores comunitarios (que complementan la alimentación de al menos 2.000.000 de niñas, niños y adolescentes) mientras la nueva gestión define la nueva modalidad de las políticas alimentarias".
En cuanto a la inseguridad habitacional, Graham y Hernández consideraron "necesario sostener el financiamiento del Renabap que establece las prioridades en la distribución de lo recaudado por el impuesto PAÍS, sosteniendo que el 30% de lo recaudado continúe financiando los barrios populares (donde viven 960.290 NNyA)".
Lo anterior, teniendo en cuenta además que, "por imperio del DNU 70/2023 se derogó la ley de alquileres, que deja librado al acuerdo entre partes el precio, la moneda y el plazo, exponiendo a 2.440.000 de niñas, niños y adolescentes a la modificación permanentemente de sus barrios.
El comunicado señala como "fundamental que las y los diputados prevean medidas que contemplen el control del costo de los alquileres. Sin techo no hay derecho que pueda garantizarse".
Por otro lado, la titular de la Defensoría y su adjunto advirtieron "que las modificaciones propuestas al Código Penal que no han sido suprimidas (artículos 300, 306, 316, 317 y 319 del dictamen de mayoría) del Dictamen, mantienen la inadmisible propuesta del proyecto de ley original que penaliza a chicas y chicos, por el solo hecho de ejercer su derecho a participar y manifestarse".
"Pueden ser procesados y privados de libertad, cuando el imperativo jurídico es no aumentar las penas, no bajar la edad de punibilidad y que la privación de libertad sea la última ratio y por el menor tiempo posible", precisaron.
Finalmente, alertaron sobre "la necesidad de no modificar la ley de presupuestos mínimos para el control de actividades de quema, la ley de protección ambiental de bosques nativos y el régimen de preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, así como la restricción a las limitaciones para la explotación ambiental que, de llevarse adelante, implicarían una regresión en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, que son quienes más padecen y padecerán sus consecuencias".
Con información de Télam
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