El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, presenciaron hoy el comienzo de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y motos pertenecientes al Gobierno de Mendoza, alojados en la Playa de Secuestros San Agustín, se informó oficialmente.
En esta primera etapa, de un total de 28.500 unidades, el sistema se aplicará a 540 vehículos, entre ellos 352 autos y 188 motos que fueron dados de baja por diferentes motivos y se encuentran en el lugar.
El procedimiento continuará con el resto de los vehículos que están incluidos en la Acordada 31.425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y que pertenecen a causas vinculadas al Poder Judicial, por lo que Cornejo y Rus explicaron que este plan incluye también a otras playas de la provincia para terminar con estos depósitos.
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“Se ha llamado a una licitación y se ha encontrado una empresa que pagará por el acero de los vehículos, lo que permitirá su reutilización y beneficiará al medio ambiente”, dijo el mandatario provincial, y explicó: “Vamos a encarar fuertemente este tema, que tiene una gran responsabilidad de organización del Estado en su conjunto”.
Además, el gobernador comentó que en las distintas playas que se encuentran distribuidas en el territorio mendocino, casi 74% de los vehículos están en custodia judicial, “no en custodia del Gobierno de la Provincia”.
Asimismo, Cornejo sostuvo que en la primera etapa se retirarán cerca de 500 toneladas de acero y se espera que el resto sea compactado en un plazo relativamente corto, por lo que adelantó que “se trabajará con la Corte para disponer de los vehículos judiciales y evitar posibles reclamos de propiedad”, comentó.
Para aclarar el procedimiento completo, la ministra explicó que la trazabilidad de los residuos, es decir el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, estará a cargo de un gestor autorizado, y también, la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable, tanto por el ente productor como por las autoridades.
También aclaró que esta acción no trae ningún costo al Estado y que los fondos que se obtengan de la venta de la chatarra volverán a las arcas provinciales.
Este proceso comenzó a gestarse con el Decreto 2243/2023, cuando los intensos vientos Zonda de setiembre pasado provocaron importantes incendios en el lugar. Con esta norma, el Ejecutivo provincial declaró el Estado de Emergencia Ambiental y Habitacional. Se estableció así la urgencia y la necesidad de iniciar el procedimiento de compactación y disposición final de los residuos, como medida de protección de la salud de la población cercana y de eliminar ese pasivo ambiental.
Ante esto, la ministra aclaró que esta medida cuenta con la intervención de la Dirección de Protección Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente y Energía.
Cornejo remarcó que espera que el Poder Judicial trate de manera ágil los casos sobre las movilidades que se encuentran bajo su órbita, para evitar que se queden abandonadas.
Ante esto, dijo que sería bueno que los vehículos y motos sean rematados rápidamente para que más personas puedan acceder a comprar autos o motos a través de subastas, y cerró resaltando que “el objetivo es que el sistema funcione de manera eficiente".
Con información de Télam
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