Los derechos "se defienden en el territorio y a diario", sostuvo la médica Sandra Vázquez, directora de la entidad social FUSA, que brinda servicios de salud integral, durante una jornada en la que celebró una década de trabajo de su primer centro, de la cual participaron organizaciones de la sociedad civil y científica, organismos públicos y referentes del exterior.
La asociación civil FUSA atendió en 2022 a más de 6 mil personas que "accedieron a un servicio de salud accesible y respetuoso" en las cuatro sedes de la entidad, destacó la ONG en un comunicado.
El primer Centro FUSA de atención sanitaria integral cumplió 10 años, al igual que el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional de avanzada en materia de derechos. Para celebrarlo, la institución organizó una jornada de debate de la que participaron la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI), Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Kaleidos y el Centro de Estudios Estado y Sociedad (CEDES), entre otras, donde se ahondó en las acciones estratégicas llevadas adelante en la última década y en cómo sostenerlas en un posible contexto de cambios en materia de políticas sociales, educativas y sanitarias en el país.
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“Nos encontramos en un escenario donde los discursos antigénero lograron permear en una parte de la sociedad. Estas redes son el punto de partida para hacerle frente a eso”, dijo Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina y una de las disertantes.
La estrategia de articulación con otras organizaciones en el territorio y con las juventudes fue un punto en común en el panel.
En tanto, representantes de organismos públicos nacionales, porteños y bonaerenses que trabajan en salud sexual, políticas de género y de juventud participaron de la segunda mesa donde detallaron las acciones en las que articulan con FUSA y otras organizaciones sociales, como el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), entre otros.
“Nunca vamos a lograr mayores niveles de equidad y de igualdad con menos herramientas del Estado”, aportó durante el intercambio María del Valle Aguilar, representante del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en referencia a los desafíos frente al avance de cuestionamientos de lideres partidarios a las políticas vinculadas a derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.
El último panel se basó en el Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más importante y progresista de América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo, porque incorpora elementos trascendentes para la implementación de políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos en salud sexual y reproductiva, de las personas mayores, las migrantes, los pueblos originarios y la población afrodescendiente.
Allí expusieron representantes de Fos Feminista, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina (UNPFA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Iniciativas Sanitarias de Uruguay y la Cancillería Argentina.
“Solamente defender derechos no alcanza, hay que ir por más", resaltó Mabel Bianco, titular de FEIM:
FUSA tiene una trayectoria de más de 30 años en Argentina y la región. Sus centros médicos brindan servicios de salud integral a través de equipos interdisciplinarios especializados para asistir situaciones de embarazos no intencionales.
También trabajan en el abordaje del abuso sexual contra infancias y adolescencias, prácticas accesibles para personas con discapacidad en materia de derechos de salud sexual reproductiva y no reproductiva, servicios de salud para personas travesti trans, atención para personas migrantes, entre otras especialidades médicas.
“Nuestra labor institucional se propone ofrecer servicios de salud integrales y de calidad, incidir en los marcos normativos nacionales e internacionales y empoderar a personas usuarias y actores clave”, describió Vázquez.
Con información de Télam
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