Las acciones del Gobierno para destruir las carreteras ilegales en la selva amazónica de Colombia y sus alrededores están paralizadas, informaron ocho fuentes a Reuters, y una de las operaciones se suspendió por completo por temor a que pueda retrasar los diálogos de paz con un grupo rebelde.
La construcción de carreteras en la selva tropical colombiana por parte de comunidades rurales, ganaderos y grupos armados ilegales es uno de los principales factores de deforestación, según expertos medioambientales y científicos.
La situación es especialmente crítica en la Amazonia, que absorbe enormes cantidades de carbono que contribuyen al cambio climático y ya es un foco de preocupación.
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Hay al menos 12 carreteras ilegales en el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete y sus alrededores, patrimonio mundial de la UNESCO en la Amazonia colombiana.
Pero no se conocen operaciones en curso para destruirlas, dijo a Reuters el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero, a pesar de las promesas del presidente izquierdista Gustavo Petro de proteger el medio ambiente.
Reuters habló con las fuentes bajo condición de anonimato y detallaron cómo una operación gubernamental para destruir una carretera que corta a Chiribiquete fue paralizada y otras intervenciones planeadas no comenzaron. Los planes paralizados y suspendidos no habían sido comunicados anteriormente.
Petro puso el medio ambiente como uno de los temas centrales de sus discursos tanto en el país y a nivel internacional, mientras su Gobierno celebró una reducción del 29% de la deforestación durante el 2022.
Los retrasos podrían dar lugar a medidas disciplinarias contra los funcionarios por no proteger el medio ambiente, dijo la Procuraduría, un organismo de control público independiente.
"Ni el señor presidente Gustavo Petro, ni la Presidencia de la República, ni ninguna entidad o funcionario del Gobierno Nacional ha impedido que se lleve a cabo la inhabilitación de la vía Yari Yaguará en la Amazonía colombiana" dijo la oficina del mandatario en un comunicado, refiriéndose a una de las vías señaladas por las fuentes.
Tampoco se ha hablado de la carretera en las conversaciones de paz con el EMC, sostuvo el comunicado, precisando que el proceso de destrucción de la carretera "avanza conforme a todas las disposiciones legales".
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que los operativos de destrucción de carreteras forman parte de una estrategia integral que incluye esfuerzos de paz, derechos humanos y lucha contra la deforestación.
"Los operativos y su planificación continúan en la lucha contra la deforestación y delitos ambientales", dijo Muhamad en un mensaje.
El Ministerio de Defensa no respondió a una solicitud de comentarios.
Seis personas familiarizadas con el tema aseguraron que la operación para destruir una carretera que atraviesa el Chiribiquete estaba lista en diciembre pasado.
"EVIDENTE FALLA"
Pero la operación no se realizó después de que los militares advirtieron sobre riesgos de enfrentamientos con la población local y por la posibilidad de que las conversaciones de paz con los rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que operan en la zona, sufrieran un revés, según las fuentes.
Los rebeldes del EMC consolidaron el control en algunas zonas del país, dando lugar a lo que algunos denominan un pseudoestado en el que el Gobierno colombiano tiene poca presencia. En tres departamentos ya se suspendió el cese al fuego bilateral con ese grupo armado.
Dos fuentes afirmaron que también estaba prevista una operación para destruir la carretera en enero, mientras que otra afirmó que ya se habían puesto en marcha planes para acabar con todas las carreteras ilegales.
No está claro quién o qué entidad gubernamental bloqueó la operación.
"Es como una enfermedad que sigue avanzando", dijo una de las fuentes, refiriéndose a la falta de acción sobre las carreteras ilegales y el daño medioambiental que causan al aumentar el acceso a bosques antes inalcanzables.
La Procuraduría exigió el año pasado al Ministerio de Ambiente la destrucción de otra carretera ilegal cercana a Chiribiquete, sin resultados.
"No tenemos conocimiento de ningún operativo para el cierre o inhabilitación de ninguna vía ilegal en la Amazonia", dijo Guerrero en una entrevista. "Hay una evidente falla en la ejecución de las medidas preventivas y cautelares para esos accesos terrestres que ya se han evidenciado".
La Policía Nacional tiene previsto destruir la carretera señalada por la Procuraduría, pero no han tomado medidas, dijo una de las fuentes.
Guerrero afirmó que su oficina inició una investigación disciplinaria por la falta de progreso general del Gobierno. La procuraduría tiene la facultad de sancionar a funcionarios gubernamentales, hasta ministros, y destituirlos de sus cargos.
El Gobierno de Colombia espera reportar otra caída en la deforestación para el 2023, pero la ministra Muhamad advirtió en abril que la destrucción aumentaría en el 2024 en medio de una prolongada sequía.
Incluso si el Gobierno de Petro tiene buenas razones para suspender las operaciones, la falta de acción sobre las carreteras ilegales contradice sus promesas de hacer frente a la deforestación, aseguró una de las fuentes.
"Al fin y al cabo no cumplen. Hay que hacer algo", concluyó.
Con información de Reuters
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